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Confirman dura sentencia de 23 años por homicidio ocurrido en procesión

El caso de Pedro N. volvió a encender los reflectores judiciales luego de que el Tribunal de Alzada ratificara la sentencia de 23 años de prisión dictada en su contra.

Todo se remonta al 2 de febrero de 2020, cuando en plena procesión religiosa en Santa Clara Ocoyucan, un ambiente que se supone solemne y pacífico, ocurrió un ataque que terminó en tragedia. La víctima fue sorprendida y agredida por varias personas; entre golpes y empujones, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y le disparó, provocando su muerte casi de inmediato.

Lo que en aquel momento desató incertidumbre y miedo entre los asistentes comenzó a aclararse gracias a los testimonios y evidencia que la Fiscalía General del Estado logró reunir. Dentro de esa información, Pedro N. fue señalado como uno de los sujetos que participó directamente en la agresión.

Cómo se movió el caso en tribunales y quién terminó respondiendo

Al ser identificado como probable partícipe, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en su contra y el proceso avanzó hasta llegar al juicio oral. Ahí, después de revisar pruebas, testimonios y reconstruir la secuencia de hechos, la autoridad judicial dictó la condena de 23 años de prisión en 2022. Fue un fallo que marcó un precedente para los habitantes de la zona, quienes siguieron de cerca el caso por lo mediático y lo delicado del ataque ocurrido en un evento religioso.

La defensa de Pedro N. no se quedó conforme y presentó una impugnación, argumentando inconsistencias en el proceso. Sin embargo, la revisión del Tribunal de Alzada terminó por desestimar dichos planteamientos. Después del análisis jurídico correspondiente, se determinó que la sentencia inicial estaba bien fundamentada.

El cierre definitivo: sentencia ratificada y caso concluido

Finalmente, el Tribunal confirmó de manera firme la pena impuesta, reafirmando la responsabilidad de Pedro N. en el homicidio calificado. La decisión dejó claro que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran sólidas y que el proceso se llevó conforme a derecho. Con esto, el caso queda prácticamente cerrado, y la resolución marca un mensaje contundente: ningún acto violento, incluso cuando se intenta esconder entre multitudes o eventos religiosos, queda fuera del alcance de la justicia.