El Tribunal Colegiado confirmó la sentencia de 15 años y 10 meses de prisión en contra de Jonathan Michel N., ex policía municipal de San Martín Texmelucan, acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
La resolución fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado de Puebla, luego de que la defensa del sentenciado intentara revertir la condena impuesta desde 2022.
Con esta decisión, las autoridades judiciales ratifican que las pruebas presentadas durante el proceso penal fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del ex elemento policiaco, quien utilizó su arma de cargo en un hecho que dejó graves consecuencias físicas y emocionales para la víctima.
Así ocurrieron los hechos que derivaron en la sentencia
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 2020, cuando el hoy sentenciado, en funciones como policía municipal, presuntamente disparó su arma de cargo contra un adolescente. La víctima viajaba en una motocicleta junto a otro joven sobre la carretera a Moyotzingo, a la altura de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, en el municipio de San Martín Texmelucan.
El ataque provocó lesiones de extrema gravedad, que pusieron en riesgo la vida del menor y derivaron en paraplejia permanente, un daño irreversible que marcó por completo su vida. Este hecho fue clave para que el delito fuera clasificado como homicidio calificado en grado de tentativa, debido a la intención y al uso de un arma de fuego.
Pruebas, apelación y resolución final del Tribunal
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó testimonios, dictámenes periciales y diversos datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial emitir la sentencia el 20 de octubre de 2022. En ese momento, se determinó una pena de 15 años y 10 meses de prisión, además del pago por reparación del daño material y moral a la víctima.
Aunque la defensa del ex policía interpuso un recurso de apelación con la intención de reducir o anular la condena, el Tribunal Colegiado analizó el caso y decidió confirmar la sentencia en su totalidad. Con ello, se mantiene firme la pena privativa de la libertad y la obligación de resarcir el daño causado.
Este fallo refuerza el mensaje de que los abusos de autoridad no quedarán impunes, incluso cuando los responsables pertenezcan a corporaciones de seguridad.
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