San Andrés Cholula, Pue.- "Ya me han quitado todo, me quitaron a mi hija, mi hija es mi vida, no tengo nada que perder", expresó con desesperación David Harrison, quien actualmente enfrenta un proceso legal por la guardia y custodia definitiva de su hija Nelli.
La mañana del 8 de septiembre, integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y el Niño se manifestaron a las afueras del Centro de Justicia Penal de Puebla Capital para brindar su apoyo a Harrison, a quien consideran víctima de un proceso viciado y parcial.
El padre señaló a su expareja, madre de la menor de haber presentado denuncias falsas en su contra con el objetivo de arrebatarle la custodia de la niña, pese a que durante los últimos siete años él ha sido su principal cuidador, contando con la custodia legalmente otorgada.
De acuerdo con su testimonio, la situación se ha agravado por la presunta influencia de un familiar de su expareja dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Dicha persona habría intervenido para desestimar las denuncias que Harrison presentó por violencia familiar, afectando así el curso del proceso judicial.
“Presenté denuncias por violencia familiar, pero la Fiscalía no les dio seguimiento. Hay un claro conflicto de interés y parcialidad”, afirmó ante medios de comunicación, exigiendo al gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, y a la fiscal general, Idamis Pastor, garantizar un juicio justo e imparcial.
David Harrison destacó que, desde que obtuvo la custodia, su hija ha llevado una vida estable: asiste regularmente a la escuela, mantiene un comportamiento sano y ha recibido diversos reconocimientos académicos. Sin embargo, denunció que recientemente la menor fue sustraída del domicilio familiar mediante engaños y desde entonces no ha vuelto a clases.
Además, expresó su preocupación ante la posibilidad de perder definitivamente la custodia de la menor, debido a que la madre no ha acudido a cuatro comparecencias programadas. Esta ausencia podría derivar en una resolución judicial que, según él, dejaría a la niña en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a educación y sin que se considere su voluntad.
Con el respaldo del colectivo, Harrison hizo un llamado urgente a las autoridades para revisar el caso con perspectiva de justicia y priorizando los derechos e intereses de la menor.