Exigen liberar a Renato Romero; acusan criminalización por defender el agua

Acusan a empresa de denunciar a defensores del agua

El Frente de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua y la Tierra de Puebla denunció públicamente que la empresa Concesiones Integrales presentó denuncias contra tres defensores del agua que participaron en manifestaciones pacíficas para proteger recursos hídricos en Xoxtla. Entre ellos se encuentra Renato Romero, a quien la Fiscalía imputa daño en propiedad ajena y despojo agravado.

Protestas y respaldo de organizaciones sociales

A la jornada de protesta se sumaron agrupaciones como Todos Somos Cacalotepec, Guardianas del Río Metlapanapa, la UPVA 28 de Octubre, Pueblos Originarios en Cuidado del Agua y activistas independientes. Todas ellas exigen no sólo la libertad de Romero, sino el cese de la represión contra quienes defienden el medio ambiente.

Denuncian irregularidades en el proceso legal

Elia López, esposa del activista, denunció que el abogado defensor no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, lo que viola el debido proceso. Asegura que desconocen el estado de salud de Renato y responsabiliza directamente al gobierno estatal y al gobernador Alejandro Armenta por cualquier daño a su integridad.

Además, señala que su detención ocurrió solo una semana después de que Romero criticara públicamente la Ley de Ciberasedio, a la que se refieren como Ley 430, lo que para los manifestantes refuerza la sospecha de que se trata de una represalia política.

Familiares exigen justicia y transparencia

La madre de Renato también exigió la libertad inmediata de su hijo, quien —dijo— ha trabajado por años de manera pacífica en favor del agua y las comunidades rurales. Llamó a las autoridades a respetar los derechos humanos y cesar los actos de persecución.

Un llamado urgente al debate público

El caso de Renato Romero se ha convertido en un símbolo de la lucha ambiental en Puebla y ha despertado la atención de la opinión pública sobre la criminalización de los defensores de los recursos naturales. Los colectivos demandan que se garanticen los derechos de protesta, libertad de expresión y defensa del territorio, principios fundamentales en cualquier democracia.