A diez años de la masacre de los 72 migrantes en una bodega del rancho El Huizache en el ejido 6 de enero en San Fernando, no hay una sola sentencia de los detenidos.
Los 22 kilómetros de la brecha 90 que la noche del 22 y madrugada del 23 de agosto del 2010 recorrió Luis Freddy Lala Pomavilla, migrante ecuatoriano de 18 años que logró sobrevivir y puso al descubierto el horror que sufrieron los migrantes a manos de los Zetas, se mantienen igual, casi olvidada.
A un costado del camino se encuentra la bodega, donde fueron masacrados 58 hombres y 14 mujeres; 24 eran hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuatorianos, tres brasileños y un ciudadano indio.
Llena de maleza, sólo se observa al final de la misma, una gran cruz con 72 crucifijos, colocada allí hace dos años por activistas e integrantes de la Casa del Migrante de Saltillo en honor a los migrantes que en ese lugar, fueron maniatados y a quienes los Zetas, luego de golpearlos, les dispararon por la espalda y después les dieron el tiro de gracia en la cabeza.
A este lugar, nadie se acerca, sólo lo transitan la brecha, algunos agricultores que luego de años, se han animado a volver a sembrar algo de sorgo; pero el miedo entre los ciudadanos de este municipio ubicado a 184 kilómetros de la capital del estado es latente.
Los secuestros continúan: recientemente un niño de 15 años, Luciano Leal Garza, fue citado con engaños en un parque lineal y de ese lugar se lo llevaron sujetos armados, que exigieron en dos ocasiones el pago de un rescate de cuatro millones y medio de pesos y no regresaron al menor.
En la plaza principal del pueblo, se encuentra un memorial para la activista Miriam Rodríguez, quien fue asesinada el 10 de mayo del 2017, luego de encabezar una búsqueda para dar con su hija Karen Alejandra de 16 años, quien fue secuestrada en 2012.
Ella misma encontró sus restos en una fosa clandestina, dos años después y no se detuvo en su búsqueda de justicia y ella misma localizó a los responsables del secuestro y asesinato de su hija, convirtiéndose en ícono de los familiares de desaparecidos en ese municipio.
A diez años de la masacre de los 72 migrantes, nueve de los cuerpos no han sido identificados. Hay familias que no tienen la certeza que en el ataúd que les entregaron las autoridades estén sus hijos, hijas, hermanos, padres, que ese 22 de agosto del 2010 fueron masacrados por los Zetas en esa bodega de San Fernando, donde hoy no hay ceremonias para recordar o reclamar justicia.