Luego de casi cuatro años de un largo proceso, en el que hubo retrasos y fallas de las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que el juez Paul Goldspring de Reino Unido autorizara la extradición de Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz y exesposa del que fuera gobernador de dicha entidad, Javier Duarte.
A Macías Tubilla se le acusa de haber cometido un presunto fraude de más de 100 millones de pesos luego de que, durante su periodo al frente del organismo, el DIF de Veracruz autorizó decenas de contratos a una red de empresas fantasma. El caso fue dado a conocer en un reportaje publicado por Animal Político y MCCI en 2016.
Sin embargo, el proceso en contra de la exprimera dama de Veracruz está lejos de terminar. Su defensa apelará la decisión, al tiempo que promueve amparos en México y una solicitud de asilo político en Reino Unido. Y aun cuando sea traída a México, al proceso le faltan varias fases antes de llegar a una posible condena.
Además, existen diversas investigaciones en curso en contra de Macías por recursos cuyo destino no se ha esclarecido y que superan los 400 millones de pesos.
Desde 2018, Macías Tubilla vive en Reino Unido. Primero habitó un departamento en un exclusivo barrio de Londres y después una casa cerca de la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo. En una carta difundida ayer, Macías sostiene que “vive al día, sin el más mínimo lujo”.
La acusación… a medias
En mayo de 2018, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión de una jueza penal en contra de Macías Tubilla por el delito de fraude. En específico, se le acusó de ser cómplice en la asignación de contratos del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma por un monto de 112 millones de pesos.
Los contratos, según reveló en aquel momento el fiscal Jorge Winckler, eran por equipos médicos, sistemas de purificación de agua, paquetes escolares, productos multivitamínicos, entre otros, de los que no existe evidencia de que realmente hayan sido entregados.
Aunque Macías no tenía un cargo remunerado en el DIF pues su responsabilidad era honorífica, el Ministerio Público concluyó que ella sí había influido en la asignación de dichos contratos e incluso los había instruido. De ahí que, aun cuando no se le podía imputar un delito de corrupción, sí era probable responsable de participar en una presunta trama fraudulenta que permitió el saqueo del erario.
Los desvíos en el DIF de Veracruz a través de la contratación de empresas fachada fueron revelados por primera vez en el reportaje “Las empresas fantasma de Veracruz” publicado en 2016. Ahí se detalló que se trataba de un modus operandi en el gobierno de Javier Duarte, que se extendió por múltiples dependencias de su administración.
En 2018, Animal Político y MCCI publicaron que el desvío total registrado en el DIF de Veracruz durante el periodo de Macías en dicha institución ascendía a un total de 416 millones de pesos, asignados a través de múltiples contratos a un total de 33 compañías fachada. El destino de todo ese dinero sigue sin esclarecerse. La acusación original en contra de la exprimera dama del estado es de apenas la cuarta parte de ese monto.
Sobre esta situación, autoridades federales indicaron a este medio que las investigaciones ministeriales han continuado a cargo de un equipo especial conformado por funcionarios de la FGR, de la Fiscalía de Veracruz y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Y que el monto total del fraude será presentado ante un juez una vez que se pueda llevar a cabo la audiencia inicial en contra de Macías. Es decir, cuando ella logre ser efectivamente extraditada a México.
Aunque hasta ahora solo existe un proceso penal en curso en contra de Macías, a nivel federal existen al menos otras dos carpetas de investigación iniciadas en su contra por otros delitos. Las indagatorias están a cargo de la FGR y, por ambos casos, se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Una de ellas es por el delito de posible defraudación fiscal luego de que el SAT identificó que existían discrepancias por un monto de casi 2 millones y medio de pesos en los ingresos reportados por Macías entre 2011 y 2012. El periodo coincide con la adjudicación de múltiples contratos desde el DIF estatal a la red de compañías fachada.
Por este caso, el SAT y la Procuraduría Fiscal presentaron una denuncia formal ante la FGR que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación por delitos fiscales.
A su vez, la UIF presentó ante la FGR una denuncia por posibles hechos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Macías. El trabajo de inteligencia realizado durante la gestión de Santiago Nieto en dicha unidad permitió identificar una red de presunta triangulación de recursos ilícitos en la que estaban implicadas 92 personas, entre ellas Macías, así como 36 empresas fantasma.
En su denuncia, Inteligencia Financiera reportó que el monto de las posibles operaciones de lavado de dinero en las que estaba implicada la exesposa de Javier Duarte alcanzaba los 224 millones de pesos.
En 2022, posible extradición y prisión
En un comunicado emitido ayer, Macías anunció que presentará una apelación en contra de la decisión de una corte británica de autorizar su extradición a México. De acuerdo con su equipo de defensa, esto alargará durante algunos meses más la resolución de su situación jurídica.
Además, está pendiente la resolución de su proceso de solicitud de asilo político en Reino Unido. Este proceso migratorio lo inició Macías desde 2018, con la finalidad de tratar de obtener el aval de las autoridades británicas para residir de manera permanente en dicho país.
Sin embargo, autoridades federales indicaron a este medio que, aun con los recursos promovidos por Macías, se prevé que antes de que concluya 2022 se conseguirá que sea extraditada de manera definitiva a México.
De ser este el caso, la ruta será la siguiente: Macías será remitida ante un juez penal de Ciudad de México para que, en representación de un juez de Veracruz, encabece la audiencia inicial en la que se formulará la imputación en su contra y los datos de prueba con los que se cuenta. Sus abogados defensores podrán rebatir dichos planteamientos con su propia evidencia.
Si el juez considera que la evidencia inicial es suficiente, entonces ordenará la apertura de un proceso penal en contra de Macías y otorgará un plazo de máximo seis meses para que se cierren las investigaciones y se presente la acusación final.
En dicha audiencia inicial los fiscales solicitarán al juez que ordene el encarcelamiento preventivo de Macías mientras se desarrolle el proceso penal. Esto, con la justificación de que cuenta con los recursos suficientes para intentar darse a la fuga.
De Londres a Oxford
Luego de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala en 2017, Macías decidió salir de manera definitiva de México. En ese momento no existía una orden de captura que le permitiera cambiar su residencia. Con sus hijos decidió establecerse en Reino Unido y, concretamente, en Londres.
En mayo de 2018, la administración del gobierno de Miguel Ángel Yunes reveló detalles e imágenes de la residencia de Macías. En concreto, se detalló que habitaba un lujoso departamento en el número 10 de Wilbraham Place en el barrio de Belgrave, uno de los más costosos de la capital británica. Se trataba de un sitio ubicado a menos de un kilómetro del Palacio de Buckingham. Televisa, a través de su corresponsal, confirmó que la exprimera dama efectivamente vivía en ese sitio junto con sus hijos y que el precio promedio de una renta mensual en ese sitio iba de los 270 mil pesos mensuales en adelante.
En 2019, Macías decidió cambiar su vivienda y se mudó a la ciudad de Oxford, concretamente a una zona conocida como Osney Mill, ubicada a menos de 10 minutos del barrio universitario de la prestigiosa Universidad de Oxford. Al menos hasta el año pasado, continuaba viviendo en esta zona.