Con la advertencia de la oposición por el alto riesgo de “abusos”, críticas al “fracaso de la estrategia contra la inseguridad” del gobierno de la 4T y la “violación a tratados internacionales”, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes reformas a diversas leyes secundarias para regular la prisión preventiva oficiosa inmediata a un nuevo catálogo con 20 delitos graves.
Con la reforma del año pasado, al artículo 19 de la Constitución se elevó de siete a 20 los delitos en los que el Ministerio Público podrá ordenar cárcel inmediata -sin la intervención de un juez- en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
Además, en “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.
Con 258 a favor, 118 en contra y dos abstenciones, el dictamen -que se devuelve al Senado- los diputados reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General en materia de Delitos Electorales, Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al Código Penal Federal; la Ley General de Salud, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Desde la tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, del PAN rechazó estas reformas, porque -dijo- “desde que es posible aplicar dicha medida de manera oficiosa, se han advertido efectos negativos graves y se incumple con el principio de excepcionalidad que establece esta medida se debería aplicar sólo cuando otras medidas no sean suficientes y la medida se ha aplicado en exceso”.
“Incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sólo se ha prestado a una serie de injusticias y a una serie de violaciones a los principios constitucionales”, acusó la diputada del PRI, Mariana Rodríguez.
La diputada del PRD, Verónica Juárez, alertó que “las reformas contenidas en este dictamen únicamente incidirán en agravar el problema, incrementando la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, en su mayoría con personas de escasos recursos cuyas posibilidades de defenderse son exiguas”.
En defensa del dictamen, el diputado de Morena, Rubén Cayetano, explicó que “los delitos incluidos son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social, impidiendo la correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana”, y argumentó que la ley “permite la posibilidad de que aún implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y por efecto la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva”.
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