Los diez gobernadores ‘rebeldes’ que exigen más recursos al Gobierno Federal no han comprobado el dinero que se les entregó en el 2018 y aún así, exigen más dinero del gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la revisión a las auditorías del 2018 de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas se encuentra el pago a trabajadores fantasma con dinero para la educación; contratación de personal que no cumplía con el perfil para trabajar en el sector salud y “obra pública que además no realizarse, las autoridades no devolvieron el dinero que era para ese objetivo”.
Precisa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó además que el dinero era transferido a cuentas bancarias que no se identificaron, o que se usó para pagar “funerales y arreglos florales”.
SinEmbargo destacó las observaciones hechas por la ASF en cada una de las entidades que hoy se encuentran furiosas con el presidente Andrés Manuel López Obrador con los recortes al presupuesto del 2021.
El Gobierno de Aguascalientes del panista Martín Orozco Sandoval debe aclarar un monto cercano a los 2 mil 083 millones de pesos por fallas en el ejercicio y destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y obra pública.
El Gobierno de Chihuahua encabezado por el panista Javier Corral 2018 debe aclarar el destino de 949.4 millones de pesos relacionados con incumplimientos de ley y deficiencias de transparencia y rendición de cuentas.
Las anomalías detectadas por la ASF incluyen 7 mil 486 pagos a 406 trabajadores no encontrados, que estaban en periodo de licencia sin goce de sueldo, dados de baja, en cargos de elección popular, difuntos, o efectuando tareas ajenas a servicios de educación pública.
La entidad gobernada por Miguel Ángel Riquelme Solís, generó un posible daño al erario por 3 millones 434 mil 163 pesos del fondo para la nómina educativa por el pago de conceptos que no tienen relación con dicho sector como el pago de servicios funerarios, pago de medicinas y servicios hospitalarios (niños), arreglos florales, apoyos a niños en albergues y anticipos de un estudio de geotécnico.
El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, debe aclarar un posible desfalco por 85 millones 639 mil 623 pesos del dinero de las participaciones federales por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido.
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, debe responder por los recursos del fondo de la nómina educativa, particularmente por 3 millones 525 mil 952 pesos que se utilizaron en 522 pagos a 19 trabajadores adscritos que no realizaban labores educativas y 1 millón 415 mil 547 pesos para 298 pagos a 27 trabajadores que tenían licencia sin goce de sueldo.
El gobernador panista Diego Sinhue tiene que responder por 4 mil 513 millones de pesos destinados a obra pública que corresponde principalmente a la falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas.
El gobernador Enrique Alfaro, el más belicoso de todos, emanado de Movimiento Ciudadano, incurrió en fallas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que generaron un monto por aclarar de 5 mil 135 millones de pesos que corresponden principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria.
También debe aclarar el destino de 320 millones 363 mil pesos del sector educativo por pago de remuneraciones no identificadas y pago a personal no identificado en centros de trabajo.
El gobernador Silvano Aureoles pagó 9 millones 230 mil 860 pesos en cuatro obras que no se encuentran en operación; 5 millones 510 mil 908 pesos del fondo de aportaciones se gastaron pero no entregó documentación que dijera en qué; 168 millones 789 mil 478 pesos del fondo de servicios de salud no se utilizaron y quedaron pendientes de aplicarse y 2 millones 415 mil 134 pesos se utilizaron en el pago de sueldos a cinco trabajadores que no acreditaron el cumplimiento del perfil requerido para el desempeño del puesto
En esta entidad federativa del norte del país gobernada por Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ algunas irregularidades están relacionadas con educación, infraestructura, participaciones federales y seguridad pública. El Gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Nuevo León generaron probables daños económicos por al menos 230.3 millones de pesos, ocasionado por la falta de controles presupuestarios y de transparencia y rendición de cuentas.
Entre las anomalías detectadas por la ASF se incluyen gastos no autorizados para mantenimiento, materiales, bienes muebles y difusión de programas, así como más de 1 mil 686 pagos a más de 406 trabajadores difuntos, dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
En materia de obra pública, la ASF señala que causó probables daños a la Hacienda Pública Federal por al menos 611.9 millones de pesos, ya que los entes ejecutores de la administración estatal “no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos” del programa Proyectos de Desarrollo Regional y del Fondo Metropolitano.
En Tamaulipas, su gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca reporta irregularidades en materia de infraestructura pública y uso de participaciones federales, que supera los 9.5 mil millones de pesos. De acuerdo con la última entrega de la Cuenta Pública de 2018, hubo al menos 67.4 millones de pesos posiblemente perdidos por falta de controles presupuestarios en obras públicas, así como por recursos no ejercidos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018.