El Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó el inicio de los trabajos de organización de la consulta popular para investigar por corrupción a expresidentes, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para dotar los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Este jueves el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova emitió un comunicado, en cual indicó que el 19 de abril recibió el oficio en el que se informa “de la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el INE y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año”.
“Lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los tres Poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar la utilización de recursos que este Instituto hoy no tiene”, apuntó Córdova.
A pesar de la situación, el presidente del INE señaló que las elecciones del 6 de junio no están en riesgo por cuestiones presupuestarias, esto gracias a los ajustes que se aprobaron derivados del recorte que se vivió.
Para las elecciones presidenciales de 2018 el INE instaló más de 155 mil casillas y para las elecciones federales del 6 de junio en las elecciones federales, las más grandes en la historia del país, se tiene proyectada la instalación de 163 mil.
¿Cuánto costará la consulta popular?
El 6 de abril, el INE propuso a la Secretaría de Hacienda la instalación de unas 91 mil casillas para llevar a cabo la consulta para investigar por corrupción a expresidentes, esto con el objetivo de reducir el presupuesto del ejercicio.
En octubre de 2020, según estimaciones del propio INE, llevar a cabo la consulta supondría un gasto de mil 500 millones de pesos y ahora, con el ajuste, sería de 890 millones de pesos.
“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda”, señaló Córdova aquel día.
A comienzos de octubre de 2020, en una decisión polémica, la Suprema Corte de México avaló la constitucionalidad de esta consulta, si bien, para no vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, ordenó retirar de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.