La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no promocionar el ejercicio de la revocación de mandato y apegarse a las limitaciones constitucionales que se le imponen.
Esta resolución se dio tras la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente López Obrador, por la presunta utilización indebida de recursos públicos, derivado de las manifestaciones hechas en el evento “Tres Años de Gobierno” el pasado 1 de diciembre, relacionadas con el proceso de revocación de mandato, con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana.
Bajo la figura de tutela preventiva, el PRD solicitó hacer un llamado al Ejecutivo Federal para apegarse a las limitaciones constitucionales que está sujeto y deje de promocionar el ejercicio en sus presentaciones públicas.
La Comisión determinó este martes procedente la solicitud, ya que, desde una perspectiva preliminar y en apariencia del buen derecho, el titular del Ejecutivo Federal realizó promoción indebida del proceso de revocación de mandato que posiblemente se lleve a cabo el próximo año, al invitar expresamente a la ciudadanía a participar, contraviniendo con ello la normativa constitucional y legal, y los principios de imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de manera indebida en dicho proceso.
La Comisión destacó que no se trata de hechos aislados, pues el Presidente de la República no es la primera vez que emite expresiones relacionadas con la revocación de mandato, pues el pasado 8 de noviembre la Comisión emitió un llamado al Ejecutivo Federal y a servidores públicos en general para que ajustaran su contenido a fin de no infringir la norma electoral, derivado de las expresiones realizadas en las conferencias de prensa matutinas del 3 y 5 de noviembre pasados, en las que el presidente López Obrador aprovechó espacios de comunicación pública y oficial para pronunciarse en torno al ejercicio y promover su participación.
La Comisión concluyó, en apariencia del buen derecho, que tiene una base cierta y objetiva para considerar la inminente continuación o repetición de este tipo de actos en días posteriores a la emisión de esta medida cautelar, lo que podría ser delicado y grave si se toma en cuenta que actualmente se está en la fase de recolección de firmas para dicho proceso.
Por tanto, se ordenó al presidente López Obrador que, desde que sea notificado sobre la procedencia de la medida cautelar y hasta concluida la jornada de consulta de revocación −en caso de realizarse−, se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana.
De igual manera, se ordena a la Consejería Jurídica, a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, y a cualquier otra persona servidora pública que participe dentro de cualquier formato informativo oficial, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan a sus funciones, cualquier promoción a la revocación de mandato.
También, la Comisión concluyó que, respecto a la posible utilización indebida de recursos públicos, no puede pronunciarse, pues atañe al fondo del asunto, lo que es competencia de la Sala Regional Especializada.