El gobierno de México parece haber cambiado de estrategia tras los operativos de agosto, por los que agencias de Naciones Unidas denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra los migrantes, y ahora no intenta convencer a la caravana —que desde hace una semana se mueve por el sur del país— que acepte sus propuestas de regularización e insiste en denunciar que se está manipulando a los más vulnerables.
“El Instituto Nacional de Migración enfatiza que no se juega con la salud y la vida de las personas” y que no debe usarse a los más vulnerables “con fines mediáticos”, indicó el INM en un comunicado el sábado.
El INM recordó que su oferta para dar visas humanitarias a mujeres embarazadas menores, enfermos y discapacitados rechazada por los activistas que acompañan al grupo —Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C, e Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera— sigue en pie y que el Instituto “no pretende ni busca la separación de las familias, sino mantener la unidad e integración de las mismas”.
Los migrantes desconfían dada la historia de décadas de corrupción, abusos y vínculos con el crimen organizado que tiene la agencia migratoria mexicana. Pero también porque, ya con este gobierno, migrantes que muestran documentos que, en teoría, les deberían permitir moverse con libertad por el país, son devueltos al sur del país y las autoridades han abandonado de forma anómala a cientos de migrantes en puntos fronterizos inhóspitos de la frontera con Guatemala aunque no fueran guatemaltecos.
“Vamos a arreglar papeles al DF (Ciudad de México) si Dios permite”, dijo vía telefónica Dina Maritza, una hondureña que aunque viaja con cuatro niños afirmó que no se detendrá y que tampoco piensa regresar a Tapachula —la ciudad cerca de la frontera con Guatemala de donde salió la caravana el sábado 23 de octubre. Maritza llevaba allí seis meses intentando lo que ahora la proponen aparentemente de forma simple: regularizarse.
Dayana Flores, otra madre de Honduras cuyo bebé tuvo que ser atendida por un cuadro de infección y fiebre, coincide.
“Lo del gobierno no lo aceptamos pues nosotros queremos caminar y llegar a la Ciudad de México”, expresó.
Pese a la lógica desconfianza, la oferta de regularización supone un cambio en la estrategia del ejecutivo.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió miles de visas humanitarias al inicio de su mandato, entre finales de 2018 y principios de 2019, para intentar regularizar el estatus de muchos de los integrantes de multitudinarias caravanas que entonces transitaban por México.
Pero después de las presiones y amenazas del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, la política migratoria se endureció para apostar por la contención y la devolución de migrantes, y miles de elementos de la Guardia Nacional se desplegaron para frenar las caravanas, una tónica que se ha mantenido desde mediados de 2019 hasta ahora.
La situación de los niños, en torno a un millar de las aproximadamente 4.000 personas que integran la caravana, es una de las más preocupantes en el actual grupo y por eso desde el viernes optaron por empezar a caminar por la tarde- noche, para evitar el abrasador sol de la zona. El sábado tenían planeado llegar a Mapastepec, en Chiapas, a poco más de 100 kilómetros de Tapachula.
En tanto, la caravana de migrantes que partió la semana pasada desde Tapachula, Chiapas, rumbo a la Ciudad de México, ha ido sumando integrantes al contingente. Y es que salieron de la localidad que es casi frontera con Guatemala, con unas 2.000 personas, pero para el miércoles ya había multiplicado su tamaño y aunque es difícil medir la cifra exacta de sus integrantes, activistas que acompañan a los migrantes aseguran que sumaban ya unos 4.000.
“La caravana es como un imán, va chupando gente, se van uniendo migrantes que se han quedado en los municipios (de la costa de Chiapas)”, dijo Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras.
Aunque de mucho menor tamaño que las caravanas de 2018 y 2019, éste es el mayor grupo movilizado por el sur de México desde la pandemia. En enero, una caravana partió de Honduras pero las autoridades guatemaltecas la disolvieron antes de llegar a México.
Los grupos que salieron este año de Tapachula estuvieron integrados por menos de un millar de personas y todos fueron disueltos, en ocasiones con un uso excesivo de la fuerza, por elementos de la Guardia Nacional y los agentes de migración.
En un primer momento se trató mayoritariamente de migrantes haitianos, pero ahora la mayoría son centroamericanos.
Esta semana la Guardia Nacional se ha dedicado a vigilar el avance de la caravana sin hacer un intento de contención como sí ocurrió el sábado cuando establecieron un cerco a la salida de Tapachula que se saldó con al menos un niño herido.
El canciller Marcelo Ebrard aseguró el lunes que iban a actuar “con prudencia” en apego a la ley y los derechos humanos.
México tiene desplegados en el sur a decenas de miles de efectivos militares, policiales y agentes migratorios y desde hace un par de años ningún grupo grande ha logrado salir caminando de los estados fronterizos con Guatemala.