Una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está marcando un antes y un después en el tema de los descuentos salariales relacionados con créditos Infonavit. A partir de este criterio, se permite la suspensión provisional de estos descuentos cuando el trabajador se encuentra en ausencia o incapacidad, algo que anteriormente generaba muchas dudas y complicaciones.
La clave está en que esta medida no es automática. Las empresas pueden solicitarla, pero deben cumplir con un requisito importante: presentar una garantía económica suficiente que asegure que el pago del crédito no quedará en el aire.
En otras palabras, se busca un equilibrio: proteger el ingreso del trabajador en momentos vulnerables sin descuidar las obligaciones financieras.
Además, esta decisión responde a un problema claro: antes se exigía aplicar descuentos incluso cuando no existía un salario activo, lo que generaba una carga poco lógica tanto para empleados como para empleadores.
Requisitos clave para aplicar la suspensión
Para que esta suspensión sea válida, el tribunal establece condiciones específicas que deben cumplirse al pie de la letra:
- Presentar una garantía económica, conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo
- Asegurar el cumplimiento del pago del crédito Infonavit
- Mantener las obligaciones ante el IMSS, incluso durante la suspensión
Es importante entender que la empresa no queda liberada de responsabilidades, simplemente cambia la forma en que se manejan temporalmente los descuentos.
El marco legal que respalda esta medida incluye los artículos 135, 138 y 148 de la Ley de Amparo vigente hasta el 16 de octubre de 2025, lo que le da sustento jurídico sólido a esta interpretación.
Por qué esta decisión beneficia a trabajadores y empresas
Uno de los puntos más relevantes de esta resolución es que reconoce una realidad laboral que ya ocurría en la práctica, pero que no estaba bien regulada. Antes, muchas empresas suspendían descuentos cuando el trabajador estaba incapacitado porque el ingreso provenía del IMSS y no del patrón.
Sin embargo, la ley obligaba a seguir descontando, lo que generaba conflictos y riesgos financieros.
Con este nuevo criterio, la SCJN busca:
- Mayor certeza jurídica para ambas partes
- Evitar cargas económicas desproporcionadas
- Proteger el ingreso de trabajadores en situaciones de salud
- Dar claridad a las empresas sobre cómo actuar legalmente
En resumen, se trata de un ajuste importante que moderniza la relación laboral, alineándola con situaciones reales y brindando mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores.
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