Las preocupaciones surgen de un posible aumento en el riesgo de “abusos contra los derechos humanos”, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, manifestaron este martes su inquietud en relación con la reforma constitucional que trasladaría a la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Riesgos señalados
Las preocupaciones surgen de un posible aumento en el riesgo de “abusos contra los derechos humanos”, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas”, se señala en el comunicado.
Proceso legislativo
La propuesta de reforma, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y está prevista para votación en el Senado de la República esta semana.
Aumento del papel militar
Desde hace varios años, los expertos de la ONU han advertido sobre el incremento progresivo del papel de las Fuerzas Armadas en el modelo de seguridad interior de México, a través de políticas públicas y diversas iniciativas de reforma legislativa y judicial. “Reconocemos los desafíos en materia de seguridad que enfrenta México y hacemos un llamado para que las medidas implementadas sean conformes con sus obligaciones internacionales en derechos humanos”, añadieron.
Demandas de justicia
Los especialistas expresaron su preocupación por el hecho de que funcionarios de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que requiere que tales denuncias sean investigadas y que los responsables comparezcan ante la justicia.
Contenido de la reforma
La propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional la facultad de la Guardia Nacional para participar en actividades de investigación criminal. Además, ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de lo estrictamente militar.
Recomendaciones de la ONU
Los expertos subrayaron que México contravendría numerosas recomendaciones de Naciones Unidas, que estipulan que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores debe ser estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada. “La Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana”, concluyeron, enfatizando la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas.
Disposición a colaborar
Los expertos afirmaron que están en contacto con las autoridades en un marco de comunicación activa y discusión, expresando al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica para garantizar el respeto de los derechos humanos y la investigación de cualquier caso de desaparición forzada conforme al derecho internacional.