Las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica entregaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado un análisis de las leyes que impactan de manera negativa en la libertad de prensa en México y que ponen en riesgo legal la actividad profesional de las y los comunicadores.
En el panel Libertad de Prensa ¿Cómo se regula en México?, la coordinadora de proyectos de Reporteros sin Fronteras, Nube Álvarez Sagahon, destacó que en diciembre pasado se presentó un adelanto de la investigación y que, a tres meses, ocho periodistas han sido asesinados, incluyendo algunos con medidas de protección.
La directora ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló que se busca abrir la puerta del Legislativo, dejar el material para que sea analizado y fortalezca las propuestas: “Presentamos iniciativas para reformar cuerpos legales que garanticen la libertad de prensa en el país”, dijo.
En materia civil, agregó, “nos enfocamos en la figura del daño moral; en materia penal, identificamos muchos tipos penales que consideramos problemáticos y que pueden exponer a periodistas a procesos de criminalización, ya sea porque tienen redacciones ambiguas o porque no establecen excepciones cuando se trate de una labor periodística lícita”.
Además, se propone adicionar la Ley Federal del Trabajo en materia de derecho laboral para periodistas, pues la precariedad en el trabajo, la falta de estabilidad, los salarios debajo del mínimo y la falta de seguridad social son recurrentes.
También se incluyen por primera vez los derechos laborales de periodistas en México, así como la cláusula de conciencia y la obligación de la defensa legal. Se plantea reformar la Constitución para reconocer el derecho a defender los derechos humanos y garantizarlo como política de Estado, así como asegurar la suficiencia presupuestaria para organismos encargados de esa protección.
Además, crear una ley que mejore la coordinación entre la Federación, entidades federativas y municipios en materia de prevención y protección, así como un mecanismo de carácter nacional, pero de regulación exclusiva de la Federación.
Adela Navarro, periodista y directora general del Semanario Zeta de Tijuana, señalo que México, aun cuando no hay ningún conflicto bélico, es el país con mayor riesgo para el ejercicio periodístico. La cifra de la Subsecretaría de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación indica que, en los últimos tres años, 57 periodistas han sido asesinados.
En el mundo, dijo, “los gobiernos populistas amenazan la libertad de expresión y en México, periodistas y medios de comunicación somos constantemente atacados por los gobiernos, por el crimen organizado, por el narcotráfico y por estados autoritarios.
Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sostuvo que la ausencia de cooperación y coordinación de los demás órdenes de gobierno es insostenible y que es obligación del Estado generar una ley que brinde más fortaleza.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López, aseguró que los principales retos para el Estado mexicano son garantizar y proteger los derechos de todas y todos, lo cual no es fácil.