Reelección de Rosario Piedra en la CNDH genera rechazo de activistas y defensores de derechos humanos

CDMX.- La reciente reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha suscitado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos.

La decisión, avalada por la mayoría en el Senado con 87 votos, coincidentes con la bancada de Morena y sus aliados, fue calificada como un retroceso en la protección de derechos y la autonomía institucional.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó en su cuenta en X que esta reelección "premia una gestión caracterizada por el debilitamiento institucional, la inacción y la pérdida de autonomía".

Además, subrayó que no se respetaron los estándares internacionales de no reelección para la figura de Ombudsperson, enviando "un mal mensaje sobre el lugar de los derechos humanos y la rendición de cuentas en el nuevo sexenio".

Rechazo por parte de defensores de derechos

Designaciones Públicas, un observatorio impulsado por Fundar México y Artículo 19, también se pronunció al respecto, calificando la decisión como “un mensaje contundente en contra de las víctimas y la agenda de derechos humanos”. En su publicación, el observatorio denunció que la votación ocurrió en la madrugada, mostrando “desprecio por la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos”.

Horas antes, Fundar México, como parte del colectivo “La CNDH que Queremos”, acudió al Senado para presentar un pronunciamiento solicitando un perfil independiente para encabezar la CNDH. Sin embargo, miembros del colectivo denunciaron que fueron desalojados del Senado por el personal de resguardo, bajo el argumento de que estaban “violentando las directivas del Senado”.

Artículo 19 condenó esta “expulsión y acoso” a las organizaciones civiles en el Senado. En un comunicado, instó a las autoridades a respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, enfatizando que la exigencia de autonomía e idoneidad en la CNDH es una demanda legítima para garantizar la defensa efectiva de los derechos humanos en México.