El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, informó que la nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En la conferencia de prensa matutina, Mejía Berdeja dijo que las investigaciones en torno a el exmandatario comenzaron en 2018, antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera por el delito de lavado dinero y la simulación de compraventa de un departamento. En consecuencia, un juez de control gira la primera orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca”, mencionó.
De acuerdo con el subsecretario, una vez concluido su periodo como gobernador el pasado 4 de octubre, se dio a conocer la nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.
“Ante ello, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja de alerta migratoria para evitar la fuga o sustracción de la justicia de Cabeza de Vaca. Está pendiente de ejecutar la orden de aprehensión pero lo informamos porque es un tema que ha estado en la opinión pública”, dijo Ricardo Mejía.
A través de un comunicado, Migración informó que “la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención para la implementación de dicha medida, al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos”.
Respuesta del exgobernador y su partido
Ante la noticia, Francisco García Cabeza de Vaca escribió en sus redes sociales que “me entero de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores“.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), de dónde militó, informó que “condena la persecución política que el gobierno morenista realiza contra el exgobernador. Exigimos respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos, mucho menos como venganza política“.