Ciudad de México.- Al informar sobre el avance en la solventación de las observaciones determinadas por esta dependencia y por el órgano auditor superior a Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), Liconsa y Diconsa, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, precisó que no pueden ser consideradas como daños patrimoniales hasta que no se agoten las instancias para su aclaración, y señaló que no es precisa la información que refiere que se trata de 15 mil millones de pesos.
En la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que los actos de fiscalización a las cuentas públicas de 2019 y 2020, de los que se informó en agosto de 2022, dieron lugar a observaciones por 9 mil 500 mdp, de los cuales 6 mil mdp fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 mdp por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Refirió que a la fecha la SFP ha recibido información de 2 mil mdp de los 6 mil mdp observados, y a la ASF se han proporcionado otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender, por lo que se espera que con la documentación aportada el monto observado por ambas instancias de 9 mil 500 mdp se reduzca sustancialmente.
Por otra parte, en lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, expuso que la ASF emitió observaciones cuyo monto no puede ser sumado a los 9 mil 500 mdp de los años anteriores, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye, pues no se han agotado las etapas previstas por la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones determinadas, y se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar las aclaraciones pertinentes.
El secretario Salcedo Aquino afirmó que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que la institución auditada debe aclarar, y ese es el proceso en el que actualmente se encuentran los casos de Segalmex, Liconsa y Diconsa. Expuso que las evidencias adicionales aportadas por las tres instituciones se analizan caso por caso, para esclarecer el motivo de las observaciones: si fue porque en su momento no se presentaron los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dejó en claro que todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, que determinará si existieron faltas administrativas graves, que serían turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales.
El secretario Roberto Salcedo manifestó que las tres instituciones auditadas realizan esfuerzos para atender las observaciones de la SFP y de la ASF. A la fecha han entregado alrededor de 1 millón 200 mil documentos para atender las observaciones. Indicó que las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad.