Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene protocolos para detectar violaciones a los derechos humanos durante la deportación de personas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno se pondrá en contacto con la gobernadora de Morelos, Margarita González, para investigar su declaración sobre migrantes deportados llegando esposados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene protocolos para detectar violaciones a los derechos humanos durante la deportación de personas.
"Sí, le pedí a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) que hablara con Margarita para ver exactamente a qué se refería y lo están revisando", dijo la mandataria.
Más de 10 mil migrantes deportados desde la llegada de Trump
Sheinbaum informó que desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU., han sido deportados a México más de 10,000 migrantes:
- 8,425 mexicanos
- 2,539 de otras nacionalidades
Además, detalló que el retorno de migrantes a sus países de origen es voluntario, ya sea por vuelos o transporte terrestre, como ocurrió con un grupo enviado a Honduras.
"Siempre es voluntario y, si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen", explicó Sheinbaum.
¿EE.UU. viola derechos humanos en las deportaciones?
El gobierno de México revisará si los migrantes deportados han sido víctimas de malos tratos o violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses.
El INM realiza entrevistas a los deportados que así lo soliciten para documentar posibles irregularidades y, en caso de confirmarse abusos, México presentaría quejas formales.
Tensión migratoria entre México y EE.UU.
Las deportaciones han aumentado en las últimas semanas, mientras Sheinbaum y Trump negocian medidas de control migratorio para evitar aranceles a productos mexicanos.
Sin embargo, el gobierno mexicano ha dejado claro que no permitirá abusos contra sus ciudadanos y revisará denuncias de trato inhumano en las deportaciones.