En seis meses, el registro de personas desaparecidas en el país aumentó 13 por ciento, al pasar de 73 mil 218, en julio pasado (durante la presentación de la nueva base de datos), a 82 mil 825, al corte de ayer. Adicionalmente hay al menos 37 mil fosas clandestinas, según cifras oficiales.
Pese a la pandemia, que supondría una menor acción delincuencial, en medio año se reportan 9 mil 607 casos más de personas desaparecidas y no localizadas en México. Sin embargo, en un hecho desconcertante incluso para funcionarios federales, la Fiscalía General de la República (FGR) intenta desmarcarse de sus obligaciones en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). En octubre pasado fue presentada una iniciativa de ley que, de aprobarse, excluiría a esta fiscalía de la estrategia nacional para localizar a las personas.
“Las autoridades de un Estado no se pueden zafar de esa obligación… y tampoco pretender que la FGR no tenga funciones esenciales en la búsqueda”, declaró Santiago Corcuera, miembro del Consejo Nacional Ciudadano del SNB.
En sentido similar se manifestaron otros integrantes de este consejo, representantes de defensorías de derechos humanos a escalas nacional e internacional, así como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, Karla Quintana, quienes participaron en el foro Riesgos sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la FGR y diversas disposiciones.
Grace Fernández, coordinadora del Consejo Ciudadano del SNB, insistió en el llamado al Senado a abrir las puertas a la discusión real, no simulada, de este tema, porque el objetivo es garantizar la participación de las instancias de procuración de justicia para atender el problema, no para quitarles su responsabilidad.
Por separado, y en previsión de que el Senado avale la creación de la nueva ley orgánica de la FGR, diversas organizaciones civiles y de víctimas le solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las 32 comisiones estatales que preparen acciones deinconstitucionalidad en contra de la mencionada norma para interponerlas en cuanto ésta se apruebe.
Al reunirse el pasado miércoles de manera virtual con Karla Quintana y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, varios colectivos –entre ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y la Red Eslabones por los Derechos Humanos– indicaron que echarán mano de todos los recursos legales a su alcance para impedir que se concrete la nueva ley, pues con ella la FGR podría desentenderse de su obligación de colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.
Le entregaremos un documento a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que tiene la coordinación de todas las estatales, para que cada una arme las argumentaciones jurídicas de sus acciones de inconstitucionalidad. Deben tenerlas preparadas para que se presenten en cuanto la ley de la FGR esté aprobada y publicada. Si creen que sólo echaremos mano de acciones de resistencia civil pacífica, están muy equivocados, señaló Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.