Una nueva controversia política y empresarial se encendió luego de que Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, fuera acusada de promover un boicot contra TotalPlay, empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La acusación surgió tras la difusión de un video en redes sociales, compartido por la creadora de contenido Laura Brugés, donde se observa a la funcionaria participando en un conversatorio en el Congreso de la CDMX.
En el clip, se escucha a Hernández mencionar que, si existiera un boicot, los gobiernos de Morena no deberían tener contratos con TotalPlay, lo que fue interpretado por Brugés como un llamado directo a presionar políticamente a una empresa privada. La influencer señaló que este tipo de declaraciones, hechas desde un espacio público y con recursos oficiales, podrían representar una actitud autoritaria y un uso indebido del poder institucional.
El señalamiento rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre los límites entre la opinión personal, el activismo y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Citlalli Hernández rechaza acusaciones y habla de descontextualización
Tras la polémica, Citlalli Hernández respondió directamente en redes sociales, asegurando que no hizo ningún llamado a boicot desde su cargo oficial. Explicó que su participación fue en una charla con jóvenes de la generación Z, donde se abordaron distintas formas de activismo social y militancia frente a las injusticias.
La funcionaria afirmó que el fragmento difundido era tendencioso y sacado de contexto, y que sus palabras formaban parte de un ejercicio de reflexión. Como ejemplo, planteó escenarios hipotéticos: no consumir productos de empresas vinculadas a guerras o presionar a empresarios para que paguen impuestos, aclarando que se trataba de una opinión personal.
Hernández también cuestionó que se intente presentar como autoritaria una opinión expresada libremente, señalando que el debate público no debería censurarse ni manipularse con recortes de video sin contexto completo.
Salinas Pliego responde y exige una disculpa pública
El conflicto escaló cuando Ricardo Salinas Pliego reaccionó directamente a las declaraciones de la funcionaria. El empresario cuestionó si debía agradecer la aclaración o señalarla por retractarse, y fue contundente al afirmar que una secretaria de Estado no debería promover boicots ideológicos desde espacios públicos, aunque los presente como opiniones personales.
Salinas Pliego calificó estas expresiones como un abuso de posición para presionar por motivos políticos, y exigió una disculpa pública y una retractación. Además, consideró irresponsable que se le compare con empresas o países que financian guerras o genocidios, asegurando que cumple con sus obligaciones fiscales y que cualquier disputa se resuelve por la vía legal.
El empresario subrayó que sus empresas dan empleo y sustento a más de 185 mil familias mexicanas, y advirtió que este tipo de señalamientos desinforman, polarizan y pueden incitar a la violencia. Concluyó señalando que el activismo es válido, pero debe basarse en hechos y no en narrativas sesgadas, especialmente cuando provienen de figuras públicas con alta influencia.
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