México.- La Presidenta Constitucional de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene al menos tres investigaciones abiertas en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. Las acusaciones incluyen ingreso ilegal de armas, uso indebido de atribuciones, lavado de dinero y la entrega irregular de contratos para equipar centros de detención.
Detalles de las acusaciones
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló las investigaciones:
- Operativo "Rápido y Furioso": Relacionada con el ingreso ilegal de más de 2,000 armas a México.
- Construcción de reclusorios: García Luna participó en contratos de alto costo para la construcción de centros de detención.
- Lavado de dinero: Investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Adicionalmente, la FGR ha encontrado pruebas que vinculan a García Luna con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Intentos de evasión legal
Sheinbaum enfatizó que, a pesar de las denuncias, un juez no emitió la orden de aprehensión contra García Luna, quien ya fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, resaltó que las investigaciones en México continúan a pesar de su condena en el extranjero.
Reclamaciones financieras y extradición
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, informó que México reclama más de 600 millones de dólares por irregularidades en la asignación de contratos durante el periodo de García Luna. Hasta ahora, se han cumplimentado 12 órdenes de aprehensión y se han asegurado 15 propiedades relacionadas con sus delitos.
El Gobierno de México planea solicitar la extradición de García Luna y su esposa, a pesar de su situación legal en Estados Unidos. Esto es crucial para garantizar que enfrente la justicia en su país natal.
Conclusión
Las revelaciones de Sheinbaum sobre las investigaciones contra Genaro García Luna reflejan la lucha del gobierno mexicano contra la corrupción y la impunidad. La sociedad espera que estos esfuerzos resulten en justicia para las víctimas y la recuperación de recursos malversados.