Por: Cortesía

Política

Jueces federales reanudan actividades el 28 de octubre sin abandonar lucha contra la reforma judicial

La reanudación de actividades no significa el fin de su lucha contra la reforma judicial.

Los jueces y magistrados federales acordaron reanudar sus actividades el próximo 28 de octubre, tras una votación que involucró a todos los circuitos judiciales del país. Según la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), la decisión de volver a las labores responde a la determinación libre y autónoma de los juzgadores, quienes priorizan el beneficio de la población. Sin embargo, mantendrán formas legítimas de protesta y resistencia en contra de la reforma judicial.

Condiciones para reanudar labores

La Jufed aclaró que, aunque los jueces han decidido reanudar actividades, si no se reciben respuestas concretas a las peticiones presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal por la base trabajadora y los titulares del Poder Judicial, no descartan volver a una suspensión de labores en el futuro.

Defensa del Estado de Derecho

La reanudación de actividades no significa el fin de su lucha contra la reforma judicial. Los jueces y magistrados han reiterado su compromiso de defender el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos de la ciudadanía. Además, reafirmaron su unidad en la resistencia ante las acciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, que consideran una amenaza a las libertades y garantías constitucionales de todos los mexicanos.

Exigencias al Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte

La Jufed exigió que el Consejo de la Judicatura Federal cumpla su rol como órgano administrativo, respetando la autonomía del Poder Judicial y respondiendo a las demandas presentadas por los jueces. También hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver los medios legales interpuestos y restaurar el orden constitucional del país.

Apoyo nacional e internacional

Los jueces confían en contar con el respaldo de la sociedad mexicana, así como de organizaciones civiles, organismos internacionales y expertos constitucionalistas, quienes han mostrado su solidaridad ante los efectos de la reforma.

Esta lucha, advierten, continuará dentro de los cauces legales, en defensa de la Constitución y la independencia judicial, que consideran pilares fundamentales de la democracia en México.