La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó una iniciativa de ley para imponer sanciones severas a servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal, agregando el Artículo 123 Bis, con penas de hasta 40 años de prisión y destitución definitiva del cargo.
Castigo para funcionarios vinculados al crimen organizado
Según la iniciativa, serán sancionados todos aquellos funcionarios que faciliten, protejan, colaboren o proporcionen información, recursos o auxilio a grupos criminales. Esto incluye a:
- Legisladores
- Ministros, magistrados y jueces
- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)
- Miembros de organismos descentralizados
- Empresas de participación estatal mayoritaria
- Asociaciones y fideicomisos relacionados con el gobierno
Además de la pena de cárcel, los involucrados serán inhabilitados permanentemente para ocupar cualquier cargo público y sus bienes obtenidos ilícitamente serán decomisados.
Sin beneficios de libertad y prisión de máxima seguridad
Los servidores públicos condenados no podrán acceder a preliberación, libertad condicional o anticipada, ni a la suspensión de la pena.
Asimismo, serán trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad, donde estarán sujetos a medidas especiales de resguardo tanto durante el proceso como en la ejecución de su condena.
Vínculos de funcionarios con el crimen organizado
En los últimos años, han salido a la luz evidencias de relaciones entre servidores públicos y grupos del crimen organizado. Recientemente, en redes sociales se difundieron imágenes de supuestas reuniones entre autoridades municipales y líderes criminales.
Un caso reciente involucra a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlahuacán, en Morelos, quienes fueron captados en una reunión con "El Barbas", presunto miembro del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades federales anunciaron el inicio de una investigación, pero hasta el momento no se han tomado acciones contra los funcionarios involucrados.
La iniciativa de Lilly Téllez busca frenar estos casos con sanciones más severas y garantizar que los servidores públicos no puedan operar con impunidad.