Raúl Olmos revela contratos de Pemex con el “rey del huachicol” durante gobierno de AMLO

Las acusaciones sobre huachicol fiscal sacuden nuevamente al gobierno de AMLO

Olmos afirmó que uno de los episodios más contradictorios dentro de la estrategia federal contra el robo de combustible ocurrió cuando la filial de Pemex IIS Servicios —encargada de administrar las pipas adquiridas tras el cierre de ductos en 2019— otorgó contratos a una compañía vinculada con Sergio Carmona.

Según explicó, obtuvo comprobantes fiscales que muestran pagos por al menos 22 millones de pesos realizados en 2021, meses antes del asesinato de Carmona en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El periodista resumió el caso con una frase que rápidamente generó reacciones: “AMLO contrató al rey del huachicol para combatir el huachicol”.

También señaló que el hermano de Carmona estuvo al frente de una aduana en Tamaulipas durante parte del periodo en que operaron estas contrataciones.

“Tenían toda la información y no actuaron”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la acusación de que distintas dependencias federales conocían el funcionamiento completo del esquema de evasión y contrabando.

De acuerdo con Olmos, existían reuniones semanales entre autoridades de seguridad y fuerzas federales donde se revisaban volúmenes de combustible ingresados ilegalmente, empresas involucradas y montos de impuestos evadidos.

“Tenían un diagnóstico preciso”, aseguró el periodista al sostener que, pese a ello, no hubo intervención efectiva para detener la operación.

En ese contexto, calificó como “un acto de cinismo absoluto” que el gobierno federal presentara en 2025 decomisos históricos de combustible, cuando —según dijo— las autoridades ya contaban desde años atrás con información detallada sobre las redes de huachicol fiscal.

Cómo operaba el “contrabando documentado”

Olmos explicó que el esquema no funcionaba como el contrabando tradicional. A diferencia del llamado “contrabando bronco”, en el huachicol fiscal sí existían documentos oficiales, pedimentos aduanales y facturas aparentemente legales.

Sin embargo, el contenido declarado no coincidía con la mercancía real.

Empresas importadoras registraban cargamentos como aditivos, aceites o químicos industriales para evitar el pago del IEPS, cuando en realidad introducían gasolina o diésel al país.

“Es una cosa lo que se declara y otra la que realmente entra”, explicó.

Según la investigación, parte importante de la operación se originaba desde Texas, donde compañías estadounidenses emitían facturas falsas para facilitar el ingreso irregular del combustible hacia México.

Los nombres que aparecen en la investigación

El periodista aseguró que su libro incluye expedientes, documentos financieros y testimonios que vinculan a empresarios, funcionarios y actores políticos con la red de huachicol fiscal.

Entre los nombres mencionados aparecen Alfonso Romo, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Bartlett y Amílcar Olán, este último identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán.

También señaló referencias a mandos navales y a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Olmos sostuvo que la red no puede entenderse únicamente como un fenómeno criminal aislado, sino como una estructura compleja donde participaron autoridades, empresarios, transportistas, agentes aduanales y organizaciones del crimen organizado.

“Esto equivale a 40 Segalmex”

Hacia el final de la entrevista, el periodista comparó el tamaño del presunto desfalco con uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en México.

“Si nos escandalizó el caso Segalmex, esto equivale a 40 Segalmex”, afirmó.

De acuerdo con sus estimaciones, el daño económico podría superar los 600 mil millones de pesos, aunque advirtió que la cifra real podría ser aún mayor.

Olmos planteó además que parte de esos recursos pudieron utilizarse para financiar campañas políticas y estructuras electorales, lo que —según dijo— ayudaría a explicar por qué el fenómeno habría sido tolerado durante años.

Mientras tanto, insistió en que las investigaciones no deberían quedarse únicamente en algunos operadores o mandos específicos, sino avanzar también sobre las redes empresariales y políticas relacionadas con el esquema.