La discusión sobre el fuero de Rubén Rocha tras solicitar licencia generó confusión en medios y redes, lo que llevó a una aclaración directa desde el ámbito federal. El consejero jurídico del Ejecutivo, Arturo Zaldívar, precisó el alcance real de esta figura legal.
De acuerdo con el funcionario, la inmunidad procesal no es un privilegio permanente, sino una protección ligada exclusivamente al ejercicio del cargo público. En ese sentido, la situación cambia cuando un servidor solicita licencia.
Qué pasa con el fuero tras solicitar licencia en México
Arturo Zaldívar explicó que el llamado “fuero” —término comúnmente utilizado para referirse a la inmunidad procesal— protege la función, no a la persona.
Esto significa que, al separarse del cargo mediante una licencia, el funcionario deja de contar con esta protección jurídica. Por lo tanto, puede ser sujeto a procesos legales como cualquier ciudadano.
La clave está en el ejercicio del cargo
El consejero jurídico subrayó que la inmunidad procesal aplica únicamente mientras el servidor público se encuentra en funciones.
Una vez que deja de ejercer, aunque sea de manera temporal, pierde automáticamente esa protección, ya que no hay función que resguardar.
Lo que dice la Constitución sobre el fuero
Zaldívar recordó que este mecanismo está previsto en el artículo 111 de la Constitución mexicana, el cual establece que ciertos funcionarios solo pueden ser procesados penalmente tras una declaratoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, este procedimiento solo es necesario cuando la persona sigue en funciones, lo que no ocurre en casos de licencia.
Aclaración ante versiones incorrectas
La explicación también respondió a versiones difundidas en algunos espacios informativos, donde se aseguraba que tanto un gobernador como un presidente municipal mantenían el fuero aun después de pedir licencia.
El funcionario federal consideró que estas interpretaciones son incorrectas y reiteró que existen precedentes del Poder Judicial que respaldan esta postura.
En ese contexto, la aclaración busca evitar confusiones sobre el alcance real de la inmunidad procesal y su aplicación en escenarios donde los funcionarios dejan temporalmente sus cargos.
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