El gobierno de México puso sobre la mesa un dato que rápidamente encendió el debate político y diplomático: Estados Unidos no ha concedido ninguna de las 269 solicitudes de extradición presentadas por México desde 2018.
La cifra fue presentada durante la conferencia mañanera por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, en medio de la polémica por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La administración federal sostiene que la exigencia de información adicional en procesos de extradición no es una excepción, sino una práctica que Washington aplica constantemente a México.
Extradiciones entre México y Estados Unidos vuelven al centro del debate
De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México realizó 269 requerimientos de extradición al gobierno estadounidense.
De ese total, 36 solicitudes fueron rechazadas definitivamente y 233 permanecen pendientes. Dentro de esos expedientes aún abiertos, 183 ya corresponden a peticiones formales que siguen procesos judiciales, mientras que otras 50 fueron solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
El dato que más llamó la atención fue otro: en 47 de esos 50 casos, Estados Unidos pidió información complementaria antes de proceder.
“No es algo extraordinario”, responde la SRE
Pedro Velasco defendió que la solicitud de datos adicionales forma parte del procedimiento normal entre ambos países y rechazó que México haya actuado fuera del Tratado de Extradición.
Según explicó, tanto los artículos 11 y 12 del acuerdo bilateral como la legislación mexicana permiten requerir mayor información en cualquier etapa del proceso.
“El mismo estándar se ha aplicado durante años”, sostuvo el funcionario durante la presentación.
La postura del gobierno federal surgió después de las críticas por la negativa mexicana a ejecutar una detención provisional solicitada por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya.
El caso Rocha Moya detonó la confrontación pública
La administración de Claudia Sheinbaum argumentó que la petición enviada por Estados Unidos no detallaba adecuadamente el delito imputado, motivo por el cual se solicitó ampliar la información.
En ese contexto, el gobierno federal buscó mostrar que Washington ha actuado exactamente igual en decenas de casos promovidos por México.
La presidenta incluso lanzó una pregunta que marcó el tono político de la conferencia: ¿por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 reclamados por México?
Sheinbaum mencionó que entre los solicitados hay exgobernadores, presuntos integrantes del crimen organizado, factureros y personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Así funciona el proceso de extradición
Durante la exposición, Velasco también explicó las etapas que siguen las solicitudes de extradición entre ambos países.
Primero ocurre una verificación diplomática encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después interviene la Fiscalía General de la República con un análisis técnico-penal y finalmente el caso pasa a revisión judicial ante un juez de distrito.
El funcionario insistió en que la postura mexicana mantiene apego al debido proceso, al derecho internacional y a la soberanía nacional.
Mientras tanto, el intercambio de señalamientos volvió a tensar el debate sobre la relación bilateral en materia de justicia y cooperación entre México y Estados Unidos.
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