La propuesta para aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028 volvió a colocar la reforma judicial en el centro del debate político nacional. El gobierno federal plantea modificar el calendario aprobado originalmente y, al mismo tiempo, corregir distintos puntos del modelo que debutó en la elección judicial de 2025.
La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que realizar las elecciones judiciales en 2027 generaría complicaciones logísticas y mayores costos para el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que coincidirían con procesos locales para gubernaturas, alcaldías y congresos estatales. Además, el oficialismo busca ajustar aspectos que fueron cuestionados tras la primera experiencia de voto judicial.
La reforma judicial que busca mover la elección al 2028
La iniciativa que será enviada al Congreso contempla cambios al calendario electoral y nuevas reglas para la selección de candidatos judiciales. El planteamiento surge luego de las críticas por la baja participación ciudadana y la complejidad del modelo aplicado en 2025.
De acuerdo con la mandataria, organizar dos procesos paralelos en 2027 —uno político y otro judicial— obligaría a instalar mecanismos distintos de operación, lo que presionaría tanto la logística electoral como el presupuesto del INE.
También reconoció que existen áreas del sistema que necesitan ajustes para fortalecer los filtros de selección y evitar perfiles sin preparación suficiente para ocupar cargos judiciales.
La elección judicial se recorrería oficialmente a 2028
Uno de los cambios centrales es que la jornada electoral prevista originalmente para 2027 se movería al domingo 4 de junio de 2028.
Con ello, el gobierno pretende homologar futuras elecciones judiciales con otros procesos ordinarios programados para 2030, 2033 y 2036.
En esa elección se renovarían cientos de cargos federales y locales, entre ellos magistrados electorales, jueces de Distrito y magistraturas estatales en diversas entidades del país.
Buscan crear una Comisión Coordinadora para evaluar perfiles
La propuesta incluye la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios entre los distintos Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión.
Entre sus funciones estarían:
- Verificar requisitos de elegibilidad.
- Aplicar exámenes de conocimientos.
- Establecer criterios técnicos unificados.
- Revisar competencias y antecedentes.
El objetivo, según la iniciativa, sería dar mayor transparencia al proceso y elevar el nivel técnico de quienes aspiren a integrar el Poder Judicial.
Habrá menos candidatos en las boletas
Otro de los ajustes plantea reducir el número de aspirantes que aparecerán en las boletas electorales.
La intención es simplificar la votación y evitar confusión entre los ciudadanos. Para ello, los comités seleccionarían a los perfiles mejor evaluados y posteriormente se realizaría una insaculación pública para definir las candidaturas finales.
Entre las reducciones previstas destacan:
- Suprema Corte: de 81 a 54 candidaturas.
- Tribunal de Disciplina Judicial: de 45 a 30.
- Tribunal Electoral: de 63 a 42.
El gobierno también quiere simplificar el modelo de votación
Uno de los puntos más criticados en 2025 fue la complejidad de las boletas judiciales. Ahora, la reforma propone formatos más sencillos y con mejor identificación de los perfiles postulados.
Las boletas indicarían claramente qué Poder propuso a cada candidato y permitirían distinguir a jueces o magistrados en funciones que busquen reelegirse.
Mientras tanto, el INE tendría que reorganizar distritos judiciales específicos para operar el nuevo esquema.
Capacitación permanente para jueces y magistrados
La iniciativa también contempla mecanismos obligatorios de actualización para las personas juzgadoras.
El Tribunal de Disciplina Judicial y la Escuela Judicial serían responsables de implementar evaluaciones y programas permanentes de capacitación, con criterios definidos por ley.
El planteamiento busca fortalecer el desempeño técnico y mantener controles institucionales sobre quienes ejerzan funciones judiciales.
Los estados deberán adaptar sus reglas al nuevo modelo
La reforma no sólo impactaría al ámbito federal. Los poderes judiciales estatales también tendrían que adoptar criterios similares.
Entre las medidas obligatorias se encuentran:
- Comités de Evaluación homologados.
- Reducción de candidaturas.
- Insaculación pública.
- Evaluaciones permanentes.
- Capacitación continua.
En ese contexto, el oficialismo busca construir un modelo uniforme para las elecciones judiciales en todo el país.
Además, la iniciativa abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la Constitución.
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