La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional con un objetivo claro: eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza.
La propuesta establece que ninguna pensión de este tipo podrá superar el 50% de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Es decir, se busca terminar con pagos que, en algunos casos, alcanzan cifras de hasta un millón de pesos mensuales.
Sheinbaum fue enfática al señalar que la medida no afectará a trabajadores con contratos colectivos, ya que esos derechos están respaldados por acuerdos laborales históricos. La reforma apunta exclusivamente a personal de confianza de alto nivel que actualmente recibe pensiones consideradas excesivas con recursos públicos.
“No se puede seguir pagando altísimas pensiones con recursos del pueblo en un gobierno que busca eliminar privilegios”, sostuvo.
Impacto financiero: 5 mil millones de pesos para el bienestar
De aprobarse la reforma, el Gobierno federal estima recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados directamente a los Programas para el Bienestar.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, explicó que la iniciativa se basa en tres ejes fundamentales:
- Austeridad Republicana
- Humanismo Mexicano
- Responsabilidad Financiera
La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, detalló algunos casos que ejemplifican el tamaño del problema. En Luz y Fuerza del Centro en liquidación, más de 9 mil extrabajadores reciben pensiones que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales, y miles superan el sueldo neto presidencial.
En Petróleos Mexicanos, 544 pensionados perciben ingresos mayores a los de la mandataria federal, representando más de mil 800 millones de pesos anuales. Algo similar ocurre en la Comisión Federal de Electricidad, donde más de 2 mil personas jubiladas superan esas percepciones.
También se mencionaron casos en la banca de desarrollo como Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Bancomext, donde algunos pensionados reciben montos superiores a los del Ejecutivo federal.
Debate sobre privilegios y austeridad en México
La iniciativa ha abierto un nuevo debate nacional sobre el uso de recursos públicos y los límites de las pensiones en organismos del Estado. Para el gobierno, se trata de cerrar la puerta a privilegios heredados del pasado y fortalecer una política de austeridad.
El mensaje es claro: las pensiones otorgadas en el pasado no se modificarán, pero hacia adelante se establecerán nuevos límites constitucionales.
Este anuncio coloca nuevamente sobre la mesa el tema de la equidad en el servicio público y la redistribución de recursos. Mientras la iniciativa avanza hacia su discusión legislativa, el foco está en si el Congreso respaldará una reforma que promete ahorros millonarios y un redireccionamiento del gasto hacia programas sociales.
De concretarse, sería uno de los ajustes más relevantes en materia de pensiones para altos mandos en los últimos años, marcando un nuevo capítulo en la política de austeridad en México.
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