Puebla, Pue.- Comerciantes de distintos giros que operan en la Central de Abastos de Puebla rechazaron cualquier presunto acuerdo con el Ayuntamiento capitalino relacionado con la construcción de una barda perimetral en el inmueble, al asegurar que nunca fueron consultados ni autorizaron el cierre anticipado del juicio de amparo interpuesto contra la obra. Afirmaron que la resolución legal anunciada no refleja la posición de quienes sostienen la operación diaria del principal centro de abasto del estado.
Los inconformes señalaron que, aunque en documentos oficiales consta la conclusión del proceso jurídico tras un acuerdo firmado el 15 de diciembre entre el gobierno municipal y el promovente del amparo, dicho acto se realizó sin consenso de los sectores productivos que integran la Central. En ese sentido, advirtieron que el cierre del litigio se comunicó como un hecho consumado, sin diálogo previo ni socialización de sus implicaciones.
El abogado Hugo de la Garza explicó que la inconformidad es generalizada debido a las afectaciones operativas derivadas de la infraestructura instalada. Detalló que la barda ha complicado el acceso de transporte pesado, ha alterado rutas internas y ha generado retrasos en la entrada y salida de mercancías, lo que impacta de forma directa en la logística cotidiana y en los costos de operación de los comerciantes.
A la par, los bodegueros cuestionaron la actuación del Consejo General de la Central de Abastos y denunciaron una ruptura interna provocada por la falta de legitimidad de su secretario general, Luis Pinto Medel, así como de otros integrantes del órgano directivo. Aseguraron que las decisiones se han concentrado en un grupo reducido, sin consulta a las bases y con bloqueo sistemático del diálogo interno.
Como exigencia central, demandaron la remoción inmediata de Pinto Medel, a quien acusaron de no contar con nombramiento ni sustento jurídico para ostentarse como representante legal ni negociar con autoridades municipales. Finalmente, solicitaron la intervención del Ayuntamiento para regularizar la situación administrativa, garantizar transparencia y abrir mesas de diálogo con representantes reconocidos por los propios comerciantes, no con grupos que —advirtieron— buscan controlar de manera discrecional la administración del centro de abasto.
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