El Ayuntamiento de Puebla ha aprobado recientemente una reforma constitucional que transforma significativamente el Poder Judicial del estado. Esta reforma, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, establece que a partir de las elecciones intermedias de 2027, los ciudadanos poblanos elegirán mediante voto popular a 39 magistrados y 119 jueces, modificando el proceso tradicional de designación de estos funcionarios.
Entre los cambios más destacados de esta reforma se encuentra la eliminación del Consejo de la Judicatura, que será reemplazado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Este nuevo órgano tendrá la responsabilidad de supervisar y sancionar las conductas de los integrantes del Poder Judicial, buscando fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, se creará el Órgano de Administración Judicial, que asumirá las funciones administrativas previamente gestionadas por el Tribunal Superior de Justicia. Este cambio pretende optimizar la gestión interna del Poder Judicial y asegurar una separación más clara entre las funciones administrativas y jurisdiccionales.
Es importante señalar que, aunque a nivel federal la reforma judicial contempla elecciones extraordinarias en 2025, en Puebla se ha decidido que el proceso de elección popular de jueces y magistrados se llevará a cabo en 2027, coincidiendo con las elecciones locales intermedias. Esta decisión busca una implementación más ordenada y alineada con los procesos electorales existentes.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, ha destacado que esta reforma representa un avance significativo en la democratización de las instituciones del estado y refleja el compromiso de Puebla con la transparencia y la participación ciudadana en la administración de justicia.
Con estas modificaciones, Puebla se posiciona como una de las primeras entidades en México en adoptar un modelo de elección popular para los cargos del Poder Judicial, marcando un precedente en la búsqueda de una justicia más cercana y representativa de la voluntad ciudadana.