La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) volvió a dar resultados en materia de procuración de justicia al obtener una sentencia condenatoria superior a seis años de prisión contra Francisco Nahum N., responsable del delito de robo de vehículo agravado.
La resolución fue dictada mediante procedimiento abreviado, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad penal ante la autoridad judicial.
De acuerdo con la información oficial, la condena impuesta fue de seis años y ocho meses de prisión, además de sanciones económicas, lo que representa un castigo significativo para este tipo de delitos que afectan directamente la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía. La FGE destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo jurídico-técnico realizado durante la investigación y el seguimiento puntual del caso.
Así ocurrió el asalto armado en un bar del Centro de Puebla
Los hechos se remontan al 30 de junio de 2018, cuando el ahora sentenciado actuó en complicidad con otra persona para cometer el delito. Ambos ingresaron al bar “El Conejo Blanco”, ubicado en la calle 15 Poniente, colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla.
Dentro del establecimiento, los agresores amenazaron a un cliente con un objeto con características de arma de fuego, lo intimidaron y lo despojaron de las llaves de su vehículo:
- Marca: Jeep
- Tipo: Grand Cherokee
- Color: Blanco
- Modelo: 2014
- Placas: Estado de Puebla
Posteriormente, el vehículo fue sustraído mientras se encontraba estacionado en la vía pública, consumándose así el robo con violencia, un factor que agravó el delito.
Detención, procedimiento abreviado y sentencia final
Gracias a la rápida intervención de agentes estatales de investigación, los probables responsables fueron detenidos poco después, cuando aún se encontraban en posesión del vehículo robado. Tras la judicialización del caso y el desahogo de las etapas correspondientes, la FGE solicitó la aplicación del procedimiento abreviado.
El imputado aceptó esta vía legal y admitió su responsabilidad, lo que permitió agilizar el proceso judicial. En consecuencia, el órgano jurisdiccional dictó la sentencia condenatoria, imponiendo:
- 6 años y 8 meses de prisión
- Multas y sanciones económicas conforme a la ley
Este caso refuerza el mensaje de que los delitos patrimoniales con violencia no quedan impunes en Puebla, y que la colaboración entre investigación, detención oportuna y procesos judiciales eficaces puede traducirse en penas ejemplares para quienes infringen la ley.
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