Desalojos judiciales en inmuebles del Centro Histórico afectan a locatarios y estudiantes

Puebla, Pue.- Un nuevo desalojo ordenado por la autoridad judicial en el Centro Histórico de Puebla dejó afectaciones a pequeños comerciantes y evidenció prácticas irregulares en el uso de inmuebles patrimoniales. El caso más reciente ocurrió en un edificio colonial ubicado en la 6 Norte, números 6 y 8, cuyo nuevo propietario, Edgar Rivera, informó que adquirió el inmueble mediante un remate judicial.

De acuerdo con el propietario, el edificio era usufructuado por una persona que se ostentaba como dueña sin serlo y que rentaba de manera ilegal diversos espacios tanto en la entrada como en el interior del inmueble. Tras la ejecución del desalojo, se confirmó que más de una docena de locatarios, principalmente del sector de micro, pequeñas y medianas empresas, utilizaban los locales bajo contratos sin validez legal.

Entre las personas afectadas se encuentra la comerciante Nataly Ibarra, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien reportó pérdidas superiores a los 60 mil pesos en mercancía artesanal elaborada en la entidad. La afectada anunció que presentará una denuncia penal contra quien presuntamente simulaba ser propietaria del inmueble y cobraba rentas sin respaldo jurídico.

Edgar Rivera señaló que los comerciantes que ocupaban los espacios frontales del edificio podrán continuar con sus actividades, siempre y cuando regularicen su situación mediante la firma de contratos formales. No obstante, indicó que aún no se ha definido el uso final del inmueble, por lo que descartó, por ahora, confirmar si será destinado a actividades hoteleras u otro giro comercial.

Este desalojo se suma a otro ocurrido en el Centro Histórico en un periodo menor a dos semanas. El primer caso se registró el viernes 9 de enero, cuando una resolución judicial a favor del propietario de un inmueble ubicado en la 5 Poniente número 336, entre la 3 y 5 Sur, derivó en el desalojo de aproximadamente 20 personas, en su mayoría estudiantes, que rentaban diez habitaciones.

Ambos casos reflejan la persistencia de conflictos legales relacionados con la tenencia y uso de inmuebles en el primer cuadro de la ciudad, así como la vulnerabilidad de quienes rentan espacios sin certeza jurídica.