FGE ejecuta orden de aprehensión en Puebla por caso que conmocionó a vecinos de la capital

De acuerdo con la información oficial, la investigación se abrió tras el fallecimiento de un menor de edad. La autoridad señaló que, luego de reunir datos y realizar actos de investigación, se solicitó y obtuvo la orden judicial correspondiente.

El procedimiento fue ejecutado el 28 de abril de 2026, y la persona señalada quedó a disposición de la autoridad competente para que continúe el proceso legal.

Qué ocurrió según las investigaciones

Según las indagatorias, el 25 de abril de 2026 la hoy imputada habría salido de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad, dejando solo a su hijo menor durante varias horas.

Durante ese lapso, el niño quedó sin supervisión y posteriormente cayó desde una ventana ubicada en el cuarto piso del inmueble. Vecinos de la zona auxiliaron al menor tras el incidente y buscaron brindarle apoyo inmediato.

Sin embargo, más tarde se confirmó que perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas. A partir de ese momento, la Fiscalía inició las diligencias necesarias para esclarecer responsabilidades y determinar si existían elementos para judicializar el caso.

Posteriormente, agentes investigadores localizaron y ejecutaron la orden de aprehensión en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, también en la ciudad de Puebla.

Qué sigue en el proceso y por qué importa

La orden fue emitida por un Juez de Control de la Región Judicial Centro, instancia ante la cual la imputada fue presentada para definir su situación jurídica conforme a derecho.

Esto significa que ahora seguirá una etapa procesal en la que se revisarán los datos de prueba, la defensa correspondiente y las determinaciones judiciales que procedan.

El caso vuelve a poner atención en temas sensibles como la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de redes de apoyo familiar, supervisión y atención temprana ante situaciones de riesgo en el hogar.

La Fiscalía reiteró que mantiene acciones para investigar hechos que vulneren la integridad de menores de edad y garantizar acceso a la justicia. Más allá del proceso penal, este hecho deja una reflexión urgente sobre el cuidado infantil y la responsabilidad que implica proteger a los más vulnerables.