FGE Puebla captura en Morelos a presunta responsable de delito electoral

La detención fue posible gracias al trabajo coordinado entre la FGE de Puebla y la Fiscalía de Morelos, lo que permitió cumplir una orden de aprehensión vigente derivada de hechos ocurridos en el proceso electoral de 2021.

De acuerdo con la información oficial, tras su captura, la imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde se determinó su vinculación a proceso. Además, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad del delito y los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar elecciones libres, seguras y sin interferencias, así como la actuación de las autoridades para sancionar conductas que atenten contra la legalidad electoral.

Hechos ocurridos durante la jornada electoral de 2021

Las investigaciones señalan que los hechos se registraron el 4 de junio de 2021 en un inmueble ubicado en el municipio de Teotlalco, Puebla, donde se encontraba instalada la sede del Consejo Municipal Electoral. En ese lugar se realizaban actividades clave, como la entrega de material y documentación electoral a funcionarios de casilla, de cara a la jornada electoral del 6 de junio.

Según las indagatorias, Gabriela N. y un grupo de personas arribaron al inmueble y bloquearon el acceso, impidiendo que los funcionarios electorales ingresaran para cumplir con sus labores. Esta acción habría obstaculizado el desarrollo normal de las actividades electorales, lo que constituye un delito contemplado en la legislación vigente.

La FGE documentó estos hechos a través de testimonios, informes y otros elementos que permitieron identificar plenamente a la presunta responsable y avanzar en el proceso legal.

Vinculación a proceso y prisión preventiva

Tras establecer que la imputada se encontraba en el estado de Morelos, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada con apoyo de autoridades de esa entidad. Durante la audiencia inicial, el juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por la FGE y resolvió su vinculación a proceso.

Como medida cautelar, se determinó la prisión preventiva, con el objetivo de asegurar su comparecencia y el correcto desarrollo del proceso penal. La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los delitos electorales y de actuar con firmeza para preservar la legalidad y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Este caso refuerza el mensaje de que las conductas que afectan la democracia no quedan impunes, incluso cuando los hechos ocurrieron años atrás.