La Fiscal General de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, se presentó en la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un espacio donde se reúnen las y los fiscales de todo el país para marcar la ruta en temas de seguridad y justicia.
El encuentro fue encabezado por Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente funge como Fiscal General de la República y Presidenta de la Conferencia, reforzando la importancia de la coordinación entre todas las entidades.
También estuvieron presentes perfiles clave como Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del SNSP, y representantes del INEGI y de la Embajada de Estados Unidos, dejando claro que la colaboración nacional e internacional está más viva que nunca.
La importancia de la coordinación para combatir la delincuencia
Durante la plenaria, Ernestina Godoy subrayó que la delincuencia ha evolucionado a nivel global y que solo una coordinación sólida entre autoridades de todos los niveles puede enfrentarla con eficacia. Refrendó el respaldo de la Fiscalía General de la República para trabajar hombro con hombro con todas las fiscalías estatales en favor de la paz y la seguridad.
Su mensaje apuntó a algo muy básico pero esencial: la unión hace fuerza, especialmente cuando se trata de garantizar justicia y proteger los derechos humanos en todo el país. Sin ese trabajo conjunto, los esfuerzos quedarían aislados y perderían impacto.
La postura de Puebla y los nuevos compromisos
La Fiscal Idamis Pastor Betancourt aprovechó el encuentro para reconocer la relevancia de que una mujer esté ahora al frente de la Fiscalía General de la República, un cambio que ella celebró abiertamente. Coincidió además en que la coordinación interestatal será clave para fortalecer acciones de procuración de justicia, algo que Puebla ya viene impulsando.
También dejó caer una noticia importante: Puebla se sumará próximamente a un Acuerdo Nacional para proteger a mujeres, niñas y niños, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal. Esta decisión refuerza el compromiso del estado con la defensa de los derechos humanos y con la creación de estrategias más amplias y efectivas para la protección de sectores vulnerables.
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