Gobierno municipal descarta cierre del relleno de Chiltepeque y atribuye protesta a intereses partidistas

El secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, afirmó que el basurero municipal cuenta con dictámenes que avalan su operación, particularmente uno emitido en 2024, en el que se concluye que el sitio cumple con los requisitos regulatorios para seguir funcionando. Acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo que no existe, hasta ahora, un resolutivo oficial que justifique el cierre del inmueble.

Rodríguez Álvarez subrayó que será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la instancia encargada de definir si existen irregularidades, luego de las inspecciones realizadas recientemente. En caso de que se emitan observaciones, precisó, corresponderá a la empresa concesionaria RESA atenderlas conforme a la ley, como ha ocurrido en revisiones anteriores.

El funcionario recordó que durante el año pasado la autoridad ambiental autorizó una ampliación de seis años en la vida útil del relleno, lo que, desde la perspectiva municipal, confirma que el sitio ha cumplido con las condiciones técnicas exigidas. Añadió que los procesos de verificación son habituales y no implican, por sí mismos, una sanción inmediata.

No obstante, el secretario cuestionó la legitimidad de la manifestación registrada en el lugar, al asegurar que fue impulsada por actores con filiación partidista, lo que, dijo, desvió una posible demanda ambiental hacia un conflicto político. A su juicio, esta intervención desvirtúa una discusión que debería centrarse en la salubridad y en la prestación de un servicio que atiende a más de dos millones de personas en la zona metropolitana.

Finalmente, señaló que la salida simultánea de manifestantes y personal de Profepa evidenció, según su versión, la falta de sustento de algunos señalamientos, y reiteró que cualquier resolución se definirá por la vía legal y técnica, no por presión política.