Esta medida ha generado descontento entre los transportistas, quienes están evaluando posibles acciones ante la negativa del gobierno estatal.
Puebla.- El Gobierno de Puebla confirmó que no habrá aumento en la tarifa del transporte público en lo que resta de 2024, dejando la decisión en manos de la próxima administración, liderada por Alejandro Armenta Mier.
Esta medida ha generado descontento entre los transportistas, quienes están evaluando posibles acciones ante la negativa del gobierno estatal.
Reunión sin avances
Durante una reunión en Casa Aguayo con los subsecretarios de Gobernación, Enrique Rivera Reyes, y de Movilidad y Transporte, Hugo Cruz Cruz, los transportistas recibieron la confirmación de que no habrá ningún ajuste tarifario ni financiamiento para modernizar las unidades.
Delfino Reyes, representante de los concesionarios, expresó su frustración tras el encuentro: "No hay nada, se nos dijo desde hace dos años que no habría ajustes. Ahora nos dejan esta situación para que la próxima autoridad lo resuelva."
Además, mencionó que el estudio técnico prometido por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para analizar las tarifas no fue presentado, sin que se dieran explicaciones.
Transportistas evalúan medidas
Ante la negativa del gobierno estatal, los transportistas han planteado la posibilidad de ajustes tarifarios irregulares, como ya ha sucedido en municipios como Teziutlán. Según Reyes: "Nosotros hemos sido respetuosos, pero no hemos obtenido nada a cambio. Si otros han ajustado la tarifa de manera irregular, ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo?"
Se espera que en las próximas horas los integrantes de la agrupación se reúnan para definir la ruta de acción, que podría incluir movilizaciones o ajustes no autorizados en sus tarifas.
Con la postura clara del gobierno saliente, será la administración de Alejandro Armenta Mier quien decida el futuro de las tarifas del transporte público y las demandas de modernización. La continuidad del diálogo será clave para evitar medidas unilaterales que afecten a los usuarios y al sector transportista.
Este conflicto subraya la necesidad de una planificación integral que garantice tarifas justas para los usuarios y condiciones dignas para los concesionarios.