La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Lilian N., señalada como responsable del delito de secuestro agravado, un caso ocurrido en la ciudad de Puebla y que se investigó durante varios años.
De acuerdo con la información oficial, el proceso judicial avanzó tras la presentación de diversas pruebas por parte de la Fiscalía, lo que permitió que la autoridad judicial emitiera un fallo condenatorio. La resolución se dio el 17 de febrero de 2026, mientras que el 10 de marzo del mismo año se dictó la pena correspondiente, la cual incluye prisión, sanciones económicas y otras medidas legales.
Además de la condena de prisión, el tribunal determinó una multa de 347 mil 520 pesos, así como amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, medidas contempladas dentro del marco legal para este tipo de delitos.
Así ocurrió el caso que derivó en la sentencia
Según la investigación, los hechos comenzaron el 9 de noviembre de 2020, cuando el denunciante recibió una llamada telefónica en la que le informaron que su hijo se encontraba privado de la libertad. En esa comunicación, los responsables exigieron dos millones de pesos para su liberación, además de otros dos millones de pesos por concepto de intereses.
Al día siguiente, los familiares realizaron un primer pago de dos millones de pesos, sin que la persona afectada fuera liberada posteriormente.
Tiempo después, el 23 de febrero de 2021, los familiares recibieron un nuevo mensaje en el que nuevamente se solicitaba el pago de dos millones de pesos para permitir la liberación de la víctima.
Sin embargo, tras negociaciones se acordó la entrega de 50 mil pesos, situación que permitió organizar un operativo durante la entrega del dinero. Fue en ese momento cuando las autoridades lograron la detención de la persona que posteriormente fue llevada a juicio.
Resolución judicial y derechos de la víctima
Tras analizar las pruebas y el desarrollo del proceso judicial, el tribunal resolvió imponer una pena de 50 años de prisión, una de las sanciones más altas contempladas por la ley para este tipo de delitos.
El fallo también establece que los derechos de la víctima quedaron a salvo para que pueda reclamar la reparación del daño material durante la etapa de ejecución de la sentencia, procedimiento que se lleva a cabo después de que el tribunal determina la responsabilidad penal.
Con esta resolución, la Fiscalía de Puebla destacó el resultado del trabajo de investigación y judicialización del caso, subrayando que las pruebas presentadas permitieron sustentar la responsabilidad de la persona sentenciada ante la autoridad judicial.
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