Tlaxcala, Tlax.- El incremento salarial para las personas trabajadoras del Poder Legislativo no será una cifra improvisada ni resultado de ocurrencias políticas. De acuerdo con Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado, el aumento se calculará principalmente con base en el comportamiento de la inflación y en el histórico de ajustes salariales de años anteriores.
El legislador dejó claro que, hasta ahora, no han comenzado formalmente las negociaciones con el sindicato que representa a los trabajadores del Congreso. Sin embargo, explicó que el parámetro inicial siempre es el mismo: cuidar el poder adquisitivo sin poner en riesgo las finanzas públicas.
“Nosotros partimos de la inflación y de otros conceptos, pero en promedio nos vamos con ese porcentaje y con el histórico”, puntualizó Morales Pérez.
Este enfoque, dijo, permite mantener una política salarial responsable, evitando desajustes que comprometan el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso.
Finanzas responsables y límites legales al gasto
Morales Pérez subrayó que la política salarial del Congreso está sujeta a reglas claras. El presupuesto debe respetar lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los principios de equilibrio presupuestal contemplados en la normatividad local.
En términos simples, el margen para otorgar aumentos está condicionado por los ingresos públicos disponibles y por las restricciones legales para incrementar el gasto corriente. Esto significa que, aunque exista voluntad política, no se pueden autorizar incrementos fuera de lo que permiten las finanzas estatales.
El diputado reconoció que otros sindicatos han planteado aumentos más altos en distintos sectores, pero insistió en que cada poder debe actuar con cautela para no generar presiones financieras a largo plazo.
La negociación sindical y la homologación entre poderes
Cualquier ajuste salarial, aclaró Morales Pérez, debe surgir de una negociación formal con el Sindicato 7 de Mayo, que es el sindicato mayoritario y representa a trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Congreso, explicó, esperará a que el Poder Ejecutivo formalice la propuesta sindical, ya que este funge como cabeza de sector en las negociaciones. Posteriormente, los acuerdos suelen homologarse entre los tres poderes, con el objetivo de evitar desigualdades laborales o administrativas.
“Ellos fijan su porcentaje, habrá otra propuesta por parte de los poderes y se busca un punto de coincidencia”, afirmó el legislador.
Actualmente, el Congreso del Estado cuenta con 124 trabajadores sindicalizados, incluyendo personal del Sindicato Liberación 4 de Octubre, quienes también serían beneficiados por el aumento que se logre acordar en esta negociación anual. La expectativa, por ahora, es clara: esperar la mesa de diálogo y mantener finanzas sanas sin afectar derechos laborales.
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