Congreso de Tlaxcala aprueba nueva Ley de Transparencia entre críticas y multas de hasta 3 mil UMAs

Uno de los puntos más relevantes es la creación del órgano denominado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, que sustituye al desaparecido Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax).

Este nuevo ente será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque contará con autonomía funcional para la toma de decisiones. Tendrá facultades para:

Representar al organismo ante cualquier autoridad.
Coordinar temas de transparencia y acceso a la información.
Emitir lineamientos y criterios de interpretación.
Resolver asuntos relacionados con municipios.

Además, la ley fija que su titular será nombrado y removido libremente por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

Multas de hasta 3 mil UMAs y nuevas reglas para dependencias

La nueva legislación, impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, abroga la ley vigente desde 2016 y establece sanciones económicas severas para quienes incumplan con sus obligaciones.

Las autoridades garantes podrán imponer:

• Amonestación pública
• Multas de 150 a mil 500 UMAs
• En caso de reincidencia, hasta 3 mil UMAs

Entre las conductas sancionables destacan:

• No responder solicitudes de información en tiempo.
• Declarar inexistente información que sí debe generarse.
• Entregar datos incompletos o en formatos no accesibles.
• Ocultar, alterar o destruir información pública.
• Intimidar a solicitantes.

Un punto clave es que las multas no podrán pagarse con recursos públicos, y las infracciones prescribirán en cinco años.

También se ordena la integración de Comités de Transparencia en cada sujeto obligado, con tres integrantes que deberán sesionar al menos cada dos meses. Paralelamente, se crea el Subsistema Estatal de Transparencia, que formará parte del Sistema Nacional en la materia.

Críticas en el pleno: acusan concentración de poder

No todo fue respaldo. La diputada Laura Yamili Flores Lozano votó en contra y lanzó fuertes cuestionamientos. Señaló que la norma:

“Es parte del ejercicio autoritario del poder, de concentrar el poder y de violentar el derecho de la ciudadanía para acceder a la información pública”.

La legisladora advirtió que, con este diseño, las mismas dependencias que deben entregar información podrían convertirse en autoridades garantes, lo que —dijo— las pondría en posición de “juez y parte”.

Además, expresó preocupación por la protección de datos personales y aseguró que la reforma podría debilitar la confianza ciudadana.

Pese a estos señalamientos, la mayoría legislativa respaldó el dictamen y el decreto fue enviado al Ejecutivo estatal para su sanción y publicación.

Con esta aprobación, Tlaxcala entra en una nueva etapa en materia de transparencia. Ahora la atención estará puesta en cómo operará el nuevo órgano y si realmente garantizará el derecho efectivo de acceso a la información pública que demanda la ciudadanía.