Congreso de Tlaxcala aprueba reformas para frenar violencia y discriminación electoral

Con estas modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala, la LXV Legislatura estableció nuevas obligaciones tanto para partidos políticos como para la ciudadanía, con el objetivo de evitar prácticas que limiten los derechos político-electorales de cualquier persona.

Reformas electorales en Tlaxcala fortalecen derechos político-electorales

Durante la sesión ordinaria de este martes, el pleno del Congreso local aprobó reformas impulsadas por la diputada de Redes Sociales Progresistas, María Aurora Villeda Temoltzin, orientadas a reforzar las condiciones de igualdad dentro de las contiendas electorales.

Las modificaciones incorporan criterios específicos para prevenir actos de discriminación y violencia política, especialmente contra personas que históricamente han enfrentado exclusión por razones de género, preferencias sexuales, religión, edad, discapacidad o condiciones físico-motrices e intelectuales diferenciadas.

Además, el dictamen avalado por las comisiones unidas de Asuntos Electorales y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos actualiza el lenguaje jurídico de la legislación estatal en materia de derechos humanos y participación política.

Buscan procesos democráticos libres de violencia política

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que el ejercicio del derecho a votar y ser votado deberá realizarse en condiciones libres de violencia política contra las mujeres en razón de género y sin actos discriminatorios que vulneren la dignidad humana.

La nueva redacción también impone a partidos políticos y ciudadanos la responsabilidad compartida de construir espacios democráticos sin agresiones, exclusiones ni prácticas de intimidación.

Entre las conductas que deberán evitarse destacan:

• Estigmatización.
• Acoso político.
• Exclusión intencional.
• Uso de estereotipos.
• Degradación o intimidación hacia aspirantes o participantes.

El objetivo, según el dictamen aprobado, es impedir que cualquier persona vea limitados sus derechos políticos por condiciones personales, sociales o de salud.

Reforma amplía protección para grupos históricamente discriminados

Las adecuaciones legales incorporan de manera explícita variables como discapacidad, condición social, estado de salud, religión, opiniones, edad y preferencias sexuales.

Con ello, el Congreso de Tlaxcala busca evitar interpretaciones restrictivas de la ley y ampliar las garantías de participación política para sectores que anteriormente enfrentaban mayores obstáculos dentro de los procesos electorales.

En ese contexto, las comisiones legislativas señalaron que las reformas responden a criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), particularmente a una sentencia emitida en abril de 2021.

Dicha resolución ordenó al Congreso local implementar acciones afirmativas para asegurar la participación efectiva de grupos históricamente excluidos en la vida democrática del estado.

Legisladores respaldan armonización con tratados internacionales

El dictamen aprobado también señala que las modificaciones encuentran sustento en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las y los diputados argumentaron que estas disposiciones obligan a las autoridades a garantizar condiciones de igualdad y no discriminación dentro de la participación política.

Por su parte, la diputada Aurora Villeda Temoltzin afirmó durante la exposición de motivos que las reformas buscan evitar que el derecho a ser votado continúe siendo “una simple aspiración” para sectores vulnerables de la población.

“La democracia debe entenderse como un proceso de mejora continua que garantice la participación de todas las personas”, sostuvo la legisladora al defender la necesidad de armonizar la legislación local con criterios constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.