Tlaxcala, Tlax.- El Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó este martes la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2024. Sin embargo, rechazó los estados financieros de varios municipios, incluidos Zacatelco, Tlaltelulco, Huamantla, Tlaxcala y Lázaro Cárdenas, debido a irregularidades financieras que suman un total de 56 millones 52 mil 72 pesos.
Irregularidades en Zacatelco: 20 millones de pesos
Durante la sesión, se destacó que el municipio de Zacatelco presenta anomalías por 20 millones 528 mil 339 pesos, de los cuales 12 millones 766 mil 628 pesos corresponden a la administración de Hildeberto Pérez Álvarez, quien enfrenta cargos por peculado. El diputado Emilio de la Peña Aponte destacó que se aplicará todo el peso de la ley para recuperar los recursos mal empleados y llevar a los responsables ante la justicia.
Justicia sin impunidad: Diputados exigen celeridad
El compromiso de combatir la impunidad fue subrayado por los diputados, como Blanca Águila Lima, quien exigió que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) siga las denuncias penales pendientes en otros municipios. Aseguró que debe evitarse la justicia selectiva y que se deben atender todas las irregularidades con la misma urgencia.
Irregularidades en otros municipios: Huamantla, Tlaxcala y Lázaro Cárdenas
En Huamantla, se detectaron irregularidades por 12 millones 735 mil 405 pesos, principalmente por recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que no fueron devengados. Además, se registraron compras sin licitación pública. En Tlaxcala, la administración de Maribel Pérez Arenas reportó anomalías por 13 millones 865 mil 424 pesos, mientras que Lázaro Cárdenas presentó irregularidades por 2 millones 580 mil 124 pesos.
Aprobación de cuentas en otros municipios
Por otro lado, los estados financieros de varios municipios, como Apizaco, Tetla, Tlaxco y otros, fueron aprobados, aunque algunos tienen pendientes por aclarar el uso de recursos públicos.
El Congreso sigue comprometido con la transparencia y la fiscalización rigurosa de los recursos públicos para garantizar que la justicia prevalezca y se actúe con firmeza contra la corrupción.