Tlaxcala, Tlax.- Contrario a las acusaciones de varias organizaciones civiles a nivel nacional, Arturo de Casa Vega, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), negó que la nueva Ley General de Transparencia restrinja el derecho de acceso a la información y fomente la opacidad gubernamental.
En una reciente intervención, De Casa Vega afirmó: "Yo digo que no, al contrario, siempre he estado a favor de que las instituciones se mejoren y se transformen". También subrayó su convicción de que la transformación institucional será positiva para el país.
Derechos garantizados a pesar de la desaparición del INAI
De Casa Vega enfatizó que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y de órganos similares en los estados, como el IAIP, no implica la pérdida de derechos fundamentales. "Los derechos siguen intactos, la Plataforma Nacional de Transparencia continúa y todo sigue como estaba", aseguró.
Afirmó que las funciones y atribuciones de los órganos responsables de estos temas serán asumidas por otras instituciones, las cuales deberán garantizar que se sigan protegiendo los derechos humanos.
Voto de confianza en la reforma
El funcionario también dio su “voto de confianza” a la reforma legislativa, destacando que la ley tiene como objetivo proteger los derechos y asegurar que en los estados haya diálogo para garantizar el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales.
Polémica y críticas a la nueva Ley de Transparencia
A nivel nacional, la reforma ha generado una fuerte polémica. La asociación civil Proyecto Justicia Común (Projuc) ha convocado a organizaciones y periodistas a impugnar la ley, ya que considera que limita el acceso a la información pública y afecta el trabajo de los medios de comunicación y la sociedad civil.
Projuc argumenta que la nueva ley amplía la clasificación de información confidencial sin una justificación clara y usa criterios ambiguos, como "seguridad nacional" y "paz social". Además, denuncia que la ley restringe la publicación de casos de corrupción, permitiendo su difusión solo cuando haya una sentencia definitiva.
Críticas sobre la opacidad en investigaciones de corrupción
Proyecto Justicia Común también señala que la ley mantiene en secreto las investigaciones contra funcionarios públicos, impidiendo que la ciudadanía sepa quiénes están siendo investigados y por qué.
Por su parte, la organización civil México Evalúa ha expresado su preocupación sobre los posibles efectos negativos de la reforma, alertando que podría poner en riesgo el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en México. Además, cuestiona la desaparición de 33 organismos garantes especializados y su reemplazo por 270 autoridades subordinadas, lo que podría complicar la administración pública en lugar de simplificarla.
La nueva Ley General de Transparencia sigue siendo un tema de debate, con voces tanto a favor como en contra. Aunque Arturo de Casa Vega confía en que la reforma mejorará las instituciones, las críticas sobre su impacto en la transparencia y la protección de los derechos humanos continúan creciendo.