Tlaxcala, Tlax.- Durante 2023, la Dirección de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social del gobierno estatal brindó un total de 43,161 servicios de asesoría jurídica, de los cuales concluyó 38,846 casos. Estos datos fueron revelados por el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Logros a pesar de un presupuesto limitado
A pesar de contar con uno de los tres presupuestos más bajos del país, con 14.6 millones de pesos, la Defensoría Pública logró atender más casos que otras defensorías estatales con mayores recursos, como las de Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Puebla y Quintana Roo.
Principales temas atendidos
Los resultados del censo revelan que los tres temas más comunes en los que la Defensoría brindó asistencia fueron:
- Asuntos familiares
- Casos penales
- Asuntos civiles
Además, se ofreció ayuda en materia laboral, mercantil y administrativa.
Un aporte clave a la justicia nacional
El informe del INEGI ofrece un panorama completo sobre el desempeño de la Defensoría Pública Federal y de las Unidades Estatales que se encargan de la defensoría pública y asesoría jurídica. Este reporte facilita el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, promoviendo el acceso a la justicia.
Instituto Federal de Defensoría Pública: garantía de defensa gratuita
A nivel federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que forma parte del Consejo de la Judicatura Federal, es el órgano encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en asuntos penales y de asegurar el acceso a la justicia en materias administrativas, fiscales, civiles y penales. Su misión es atender a la población vulnerable bajo los principios de gratuidad, probidad y profesionalismo.
Unidades Estatales: defensa accesible para todos
En los estados, las Unidades Estatales de Defensoría Pública juegan un rol esencial en garantizar el derecho a la defensa en diversas materias como lo son: civil, familiar, laboral, penal y justicia para adolescentes. Estos servicios son gratuitos y se brindan a las personas elegibles según la normativa vigente, asegurando así la protección de los derechos de quienes más lo necesitan.