Tlaxcala - En la revisión de la cuenta pública correspondiente a los primeros seis meses de 2024, se identificó un probable daño patrimonial de 195 millones de pesos en diversos entes fiscalizables, incluyendo 20 ayuntamientos y una comisión de agua potable que sobrepasaron los parámetros financieros establecidos. El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) presentó este lunes al Congreso del Estado 66 informes individuales, detallando las irregularidades financieras detectadas.
Entre los entes revisados se encuentran el Poder Legislativo, 60 municipios y cinco comisiones de agua potable, en cumplimiento con la reforma de marzo de este año que modificó los plazos de fiscalización en años electorales y de renovación de autoridades. Arturo Lucio Salas Miguela, titular del OFS, informó que se emitieron un total de 5,797 observaciones y recomendaciones a estos entes.
"El importe observado de probable daño patrimonial fue de 289.8 millones de pesos. Durante la etapa de solventación, los entes fiscalizables aclararon, justificaron o reintegraron 94.8 millones de pesos, lo que representa el 32.7 por ciento; el importe pendiente de solventar es de 195 millones de pesos, equivalente al 67.3 por ciento," señaló Salas Miguela, destacando que el seguimiento de estas observaciones se realizará a través de los procedimientos administrativos correspondientes.
Los municipios con mayores irregularidades incluyen Zacatelco, con un probable daño patrimonial de más de 20 millones de pesos, seguido de San Pablo del Monte con 18.5 millones de pesos. Otros ayuntamientos como Tlaxcala, bajo la administración de Maribel Pérez Arenas, y Huamantla también fueron señalados con posibles daños patrimoniales de 13.8 millones y 12.7 millones de pesos, respectivamente.
Entre los ayuntamientos que enfrentan observaciones están Zacatelco, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Huamantla, Chiautempan, y otros, junto con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatelco.
En contraste, el informe sobre el Poder Legislativo no reportó irregularidades ni afectaciones al patrimonio público.
Los congresistas procederán a calificar los informes y emitirán un dictamen a más tardar el 15 de diciembre. Si la puntuación es igual o mayor a 70 de 100 puntos posibles, se aprobarán las cuentas públicas; de lo contrario, se emitirá un dictamen en sentido no aprobatorio.