Exigen "representación sustantiva" para grupos vulnerables en la futura reforma electoral de Tlaxcala

La postura del Colectivo subraya una necesidad imperativa: que quienes ocupen las candidaturas posean un conocimiento profundo de las problemáticas que aquejan a sus comunidades, manteniendo vínculos genuinos y una trayectoria de trabajo real en la defensa de los derechos humanos y la implementación de políticas públicas incluyentes.

Esta demanda cobra especial relevancia al considerar la vulnerabilidad de grupos como las personas indígenas, afromexicanas, migrantes, con discapacidad, así como la población de la diversidad sexual y de género, quienes requieren de mecanismos electorales que consideren sus particulares contextos territoriales y comunitarios.

En este contexto, la propuesta presentada durante las mesas de trabajo aboga por una reforma electoral de corte mixto que integre consultas públicas, foros regionales y parlamentos abiertos, asegurando que la participación ciudadana sea el eje rector de la nueva legislación.

Como parte fundamental de este esquema, el colectivo ha propuesto destinar al menos el 5% del financiamiento público a cada grupo prioritario para actividades exclusivas de formación política, organización territorial, construcción de liderazgos y capacitación ciudadana.

Esta exigencia presupuestaria surge a raíz de las irregularidades detectadas durante el proceso electoral de 2024, donde se reportaron casos en los que los partidos políticos redujeron drásticamente los recursos destinados a candidaturas de la diversidad sexual bajo el pretexto de gastos de campaña, vulnerando así sus derechos político-electorales.

Ante este escenario, la petición es tajante: que estos recursos públicos no sean absorbidos por estructuras burocráticas ni gastos ordinarios de los institutos políticos, que ya cuentan con sus propias áreas administrativas, contables y jurídicas, garantizando que el apoyo llegue efectivamente a la base social y no se pierda en la maquinaria de los partidos.