Tlaxcala, Tlax.,-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala ha trasladado al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) una denuncia contra el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), luego de que este último desechara de plano una queja por presuntas prácticas de proselitismo político y condicionamiento académico en universidades públicas del estado.
La denuncia original, interpuesta el 2 de diciembre de 2025, señalaba que en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) y la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) se realizaron actos para favorecer a un partido político en funciones de gobierno.
Según los testimonios de alumnos y docentes recabados por diversos medios de comunicación, los estudiantes habrían sido víctimas de presiones, amenazas y condicionamiento académico para afiliarse a dicho partido.
El 19 de diciembre de 2025, el ITE notificó el desecho de la denuncia bajo el argumento de que el PRD no presentó evidencias claras, limitándose a aportar notas periodísticas como sustento.
Para el órgano electoral, estas publicaciones no fueron suficientes para iniciar el procedimiento, sin embargo, la dirigencia del PRD, encabezada por Juan Manuel Cambrón Soria, calificó esta decisión como una muestra de "poco profesionalismo".
El dirigente argumentó que el ITE ignoró la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Las notas periodísticas sustentan la declaración de testigos directos y víctimas... El ITE, con la mano en la cintura, desecha el asunto; no investiga, no pregunta, no hace nada", sentenció Cambrón Soria.
El representante del PRD ante el ITE, Sergio Juárez Fragoso, explicó que, de acuerdo con los criterios legales vigentes, aunque una nota periodística no es prueba plena por sí sola, sí funciona como un indicio.
Al considerar que el ITE omitió estas responsabilidades, el PRD turnó formalmente el asunto al Tribunal Electoral el pasado 9 de enero de 2026.
Con esta acción, el partido busca que se garantice una investigación exhaustiva e imparcial sobre el uso de instituciones educativas públicas con fines electorales, defendiendo así los derechos políticos y académicos de la comunidad estudiantil.
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