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Tlaxcala

Jizgado ordena libertad a ex funcionaria del C5i señalada por homicidio de dos jóvenes

Tlaxcala, Tlax.,- En una resolución que ha generado indignación y protestas, un juzgado del fuero común ordenó la libertad inmediata de Carla Isabel N., exfuncionaria del C5i, quien se encontraba en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el homicidio doloso de los jóvenes Carlos Manuel N. y Carlos Abdiel N., ocurrido en mayo de 2025 en Ocotlán.

La medida fue decretada tras una audiencia celebrada este lunes, durante la cual la defensa de la imputada argumentó la existencia de fallas procesales en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET).

Aunque esta resolución no implica la absolución definitiva, ya que Carla Isabel N. continuará vinculada a proceso para enfrentar las etapas judiciales subsecuentes, el cambio en su medida cautelar provocó el rechazo inmediato de los familiares de las víctimas.

A las afueras del juzgado, los deudos manifestaron su inconformidad y exigieron justicia, cuestionando la capacidad del aparato judicial y calificando la determinación como un acto de impunidad que refleja una profunda desigualdad ante la ley.

El caso ha estado marcado desde su origen por señalamientos de ineficacia y negligencia institucional. Cabe recordar que, tras los hechos ocurridos en 2025, la imputada permaneció prófuga varias semanas antes de ser localizada en el estado de Morelos, lo que en su momento fue interpretado por la sociedad como una muestra de falta de coordinación y voluntad de las autoridades para actuar con celeridad.

Ante este escenario, trascendió que la Fiscalía General de Justicia del Estado, a pesar de las críticas sobre la deficiente integración de las pruebas y la posible omisión en la tipificación de los hechos, buscaría impugnar esta decisión ante una segunda instancia.

Mientras el proceso penal sigue en curso, diversos sectores sociales han exigido una investigación rigurosa que cierre los espacios a la impunidad y garantice que las conexiones institucionales no interfieran en la impartición de justicia para las familias de los jóvenes fallecidos.

 

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