Tlaxcala, Tlax.,-En una comparecencia ante los medios de comunicación, la Fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, y la Fiscal especializada en Personas Desaparecidas, Itzel Armenta Morales, presentaron avances significativos en la investigación del homicidio de Alexandro “N” y Karina “N”.
Las autoridades confirmaron que las indagatorias establecen como líneas de investigación sólidas un conflicto de intereses económicos y una relación de índole sentimental entre los involucrados.
De acuerdo con la cronología de los hechos presentada por la Fiscalía, la pareja originaria de Puebla fue privada de su libertad en territorio tlaxcalteca el pasado 19 de febrero.
Mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia del C5i y dispositivos particulares, se logró trazar la ruta de las víctimas desde San Sebastián Atlahapa hasta el municipio de Tlaxco, culminando con el hallazgo de sus cuerpos en Chignahuapan, Puebla.
Las fiscales explicaron que el móvil se deriva de una compleja relación laboral y personal; Alexandro “N” mantenía una sociedad empresarial con el hoy detenido Alejandro “N”, cuya contabilidad era gestionada por Miriam “N”, esposa de este último.
La investigación ministerial reveló que, además de las disputas financieras por el control de la empresa, existía una relación extramarital entre la víctima, Alexandro “N”, y la investigada Miriam “N”, factor que habría detonado la agresión por parte de Alejandro “N”.
Hasta el momento, el caso registra tres personas vinculadas a proceso: Cristhian “N”, alias “El Bau”, detenido en Puebla, junto con Alejandro “N” y Miriam “N”, capturados tras un operativo en el fraccionamiento Real del Valle en Santa Anita Huiloac.
Los imputados enfrentan cargos por privación de la libertad entre particulares y ocultamiento de paradero.
Finalmente, las titulares de la procuración de justicia fueron enfáticas al desvincular estas acciones de cualquier relación con la administración pública estatal.
Tras ser cuestionadas sobre presuntos nexos laborales de los investigados con el servicio público, las funcionarias reiteraron que, tras la revisión exhaustiva de los registros oficiales en la carpeta de investigación, no existe evidencia de que las víctimas o los victimarios tuvieran una relación directa o personal con el Gobierno del Estado de Tlaxcala, reafirmando que el crimen se originó estrictamente en un ámbito entre particulares.
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