Tlaxcala, Tlax.,– El Congreso del Estado de Tlaxcala se encuentra en el centro del debate público tras la difusión de cifras que atribuyen un costo anual superior a los 16 millones de pesos por cada legislador.
Estas versiones, derivadas de la presentación del "Plan B" de la reforma electoral por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han generado una respuesta inmediata por parte de la actual legislatura, cuyos integrantes califican la interpretación de los datos como un error de cálculo presupuestario.
Durante su reciente conferencia matutina, la mandataria federal exhibió un análisis del Presupuesto de Egresos 2026, donde el techo financiero del Poder Legislativo tlaxcalteca —ascendente a 408.4 millones de pesos— se dividió de manera lineal entre los 25 diputados locales.
Bajo esta premisa, la administración federal busca sustentar una reforma que reduzca salarios, asesores y estructuras administrativas en los congresos locales y ayuntamientos del país, bajo el argumento de eliminar privilegios excesivos.
Al respecto, el diputado Ever Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, rechazó de manera tajante que cada curul represente un gasto individual de tal magnitud.
El legislador explicó que la cifra de 16.3 millones de pesos es el resultado de una simplificación aritmética que no contempla la operatividad integral de una institución pública.
Detalló que el presupuesto total del Congreso no se destina exclusivamente a las percepciones de los diputados, sino que cubre el funcionamiento de toda la estructura administrativa, el pago de nóminas de trabajadores de base y confianza, así como el cumplimiento de diversas obligaciones laborales e institucionales.
La controversia escaló luego de que el vocero del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, retomara estas cifras en los denominados “Diálogos Circulares”, posicionando a Tlaxcala entre los estados con los congresos más onerosos del país.
Ante este escenario, Campech Avelar subrayó la autonomía del Poder Legislativo para fijar posicionamientos oficiales y consideró que las declaraciones del funcionario estatal no reflejan con precisión la metodología con la que se ejerce el gasto público en la entidad.
Finalmente, la representación legislativa sostuvo que los diputados locales no gozan de prestaciones extraordinarias, bonos o compensaciones especiales ajenas a la ley.
Aseguraron que una parte significativa de los recursos asignados se canaliza directamente a la atención de gestiones sociales y solicitudes de la ciudadanía, reafirmando que el presupuesto tiene un impacto social que trasciende la labor parlamentaria.
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